Este jueves 14 de febrero se confirmó que el magistrado Miguel Polo Rosero será el ponente en la Corte Constitucional en el estudio del decreto 0150, por medio del cual se declaró un nuevo Estatuto de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
En los próximos días, el magistrado deberá recolectar una serie de informes y conceptos con el fin de determinar si esta nueva emergencia económica se adecúa a la Carta Política. Es decir, si los argumentos presentados cumplen con los requisitos de urgencia y necesidad.
El debate está sobre la mesa teniendo en cuenta la decisión emitida el 29 de enero y en la cual la Sala Plena de la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Carlos Camargo, suspendió provisionalmente los efectos de la emergencia económica que decretó el Gobierno en diciembre pasado tras el hundimiento de la reforma tributaria.
En la noche del pasado miércoles, el Gobierno Petro, en un documento de 24 páginas, decretó la nueva emergencia económica, social y ecológica en ocho departamentos afectados por las inundaciones causadas por la ola invernal que se incrementó en las últimas dos semanas.
La medida, adoptada por 30 días, cobija a los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
El decreto se basa en el hecho de que en la emergencia causada en esos departamentos por “un evento hidrometeorológico atípico, asociado al desplazamiento latitudinal anómalo de un frente frío”.
Según cita el decreto, esta ola invernal provocó en Colombia en nueve días, desde el 27 de enero al 6 de febrero, “65 emergencias, entre las cuales se encuentran: 53 eventos de inundaciones, cinco movimientos en masa, tres crecientes súbitas, dos vendavales, una erosión fluvial y una erosión costera en 61 municipios”.
En este lapso, fueron afectadas 69.235 familias, 252.233 personas, con un saldo de diez fallecidos y tres heridos, según reseñó el Gobierno.
En infraestructura, hubo daños en 19.798 hectáreas productivas, 11.955 viviendas averiadas, 4.158 viviendas destruidas, 111 vías, 19 puentes peatonales, 39 puentes vehiculares, 38 acueductos, cuatro alcantarillados, 91 centros educativos, 23 centros de salud y 18 centros comunitarios.
Además, hubo afectaciones en 5.230 animales de producción, 312 animales de compañía y 54 animales silvestres.
En el decreto, que ha provocado posturas contrarias en diferentes regiones en el país, el Gobierno recuerda las condiciones en que se encuentran el embalse de Urrá, Hidroituango, Hidrosogamoso, entre otros.
Los puntos centrales del decreto
Por eso, dispone: (a) flexibilizar la autorización de apropiaciones presupuestales, (b) crear contribuciones parafiscales y (c) crear contraprestaciones tributarias en materia de energía eléctrica”.
El decreto fue firmado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, y otros 18 jefes del gabinete. Sin embargo, llama la atención que, por el Ministerio de Defensa, estampó su rúbrica el ministro (e) Javier Andrés Baquero Maldonado y no Pedro Arnulfo Sánchez, cabeza de esa cartera.
Por último, convocó al Congreso para que diez días después de finalizada la vigencia del decreto de emergencia, “se realice el control político sobre el ejercicio de las facultades extraordinarias del Gobierno nacional”.