Luego de los desastres que dejó la temporada de lluvias en los primeros días de febrero, el Gobierno Nacional anunció un estado de emergencia en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, a través del decreto 150 de 2026.
El decreto, que establecía el Estado de Emergencia por un periodo de 30 días, también determinó que el Gobierno asumirá el costo de los servicios públicos de los ciudadanos afectados hasta que se restablezcan las condiciones técnicas y de seguridad.
Sin embargo, esa no fue la única medida. Estas son las principales ayudas a la ciudadanía afectada en sus servicios públicos:
- Suspensión del cobro de energía y gas para viviendas que no estén en condiciones de recibir el servicio, hasta que se restablezcan condiciones técnicas seguras.
- No facturación del servicio de gas para usuarios cuyos inmuebles resultaron dañados por la emergencia.
- Diferimiento de deudas por consumos previos, con plazos de pago de al menos 12 meses y hasta 36 meses en algunos casos, sin cobro de intereses.
- Facilidades de pago para estratos 1 y 2, especialmente en la reposición de redes y conexiones internas afectadas.
Estas decisiones buscan evitar que las familias damnificadas tengan que asumir costos adicionales mientras enfrentan la reconstrucción de sus hogares y la recuperación económica.
“El objetivo es que nadie tenga que pagar energía o gas mientras intenta reconstruir su vida”, señaló el Gobierno, que también busca evitar incrementos en las tarifas durante la emergencia.
Esta ayuda es para los ciudadanos damnificados
Las ayudas están dirigidas principalmente a familias damnificadas por el fenómeno climático, especialmente aquellas que perdieron sus viviendas o que viven en zonas donde los servicios públicos fueron interrumpidos por daños en la infraestructura.
El Gobierno ha señalado que estas medidas son temporales y estarán vigentes mientras se supera la emergencia y se restablecen las condiciones normales de prestación de los servicios.
Entidades como el Fondo Nacional del Ahorro y el Icetex también han anunciado apoyos para los afectados, incluyendo facilidades en créditos de vivienda y educación.
Paralelamente, el Ministerio ha planteado iniciativas estructurales como tarifas diferenciales para usuarios vulnerables, especialmente en estratos 1 y 2, con el fin de reducir el costo del servicio eléctrico en zonas de difícil acceso o con mayores niveles de pobreza.