El magistrado José Élver Muñoz Barrera, ponente de la demanda que interpuso la Procuraduría contra el convenio que pondrá en marcha el nuevo modelo de pasaportes en Colombia, le envió una “carta rogatoria” a la Casa de la Moneda de Portugal para que se pronuncie frente a este proceso judicial en el que aparece como una de las partes demandadas.
En el documento de dos páginas conocido por SEMANA, el magistrado Muñoz le notificó a las autoridades en ese país que les enviaba copias de la demanda contra el nuevo modelo de pasaportes, el auto admisorio de dicho recurso, el auto que resolvió solicitudes de aclaración y adición de esa decisión y una certificación de los documentos.
Pero a cambio, el Tribunal de Cundinamarca expresó que “por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, se solicite con todo respecto a la autoridad judicial competente en LISBOA - PORTUGAL, realizar la notificación personal de los autos del veinte (20) de octubre de dos mil veinticinco (2025) y del quince (15) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) proferidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera, Subsección C a la Imprenta Nacional - Casa Da Moeda S.A. de Portugal, parte demandada dentro del proceso de la referencia”.
Lo preocupante del caso es que, mientras el Tribunal de Cundinamarca avanza en ese proceso judicial, la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal deben poner en marcha el nuevo modelo de pasaportes el próximo 1 de abril, fecha en que se vence la última emergencia manifiesta que dejó a Thomas Greg & Sons como los responsables de la producción y entrega de pasaportes en el país.
El procurador Marcio Melgosa, delegado para la Vigilancia de la Función Pública, fue el encargado de demandar el convenio que firmó Portugal con Colombia para el nuevo modelo de pasaportes, por las controversias contractuales que ha tenido el proceso, y la pretensión es declarar nulo ese contrato estatal. Esto dejaría en jaque la producción de pasaportes en Colombia.
“La justificación de este convenio se basó en la aplicación del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, relativo a la contratación con organismos internacionales. Sin embargo, se verificó que los aportes de la Imprensa - Casa da Moeda de Portugal solo correspondían al 21 % del valor total del convenio, por lo que no se cumplía el requisito legal de financiación mínima del 50 %”, fue una de las razones de la demanda.
La misma Procuraduría ha alertado graves fallas de la Imprenta Nacional de Colombia para fabricar pasaportes, luego de que detectaron varias contradicciones y argumentos poco convincentes sobre los estudios previos que hizo la Cancillería y Portugal para firmar el convenio que pondrá en marcha la iniciativa que ha impulsado el Gobierno del presidente Gustavo Petro.