La preocupación del expresidente Álvaro Uribe por una persecución judicial en su contra en medio de la coyuntura electoral, al parecer, se está haciendo realidad. A la investigación que reveló SEMANA por la masacre de El Aro y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, se suma un espinoso expediente por un aporte de 20 millones de pesos que recibió para su campaña al Congreso en 2018, cuando fue cabeza de lista del Centro Democrático.
El caso relaciona a un piloto ya fallecido, llamado Samuel David Niño, quien terminó, supuestamente, involucrado en temas de narcotráfico, y a la empresa Llanera de Aviación, hoy llamada Navir Air. Sobre este caso, el mismo expresidente Uribe advirtió lo que venía en términos judiciales y aclaró que Niño “nunca fue nuestro piloto de confianza, como se ha dicho. Lo conocí, pero no tuve amistad con él. Lo conocí porque era hermano de Hernán Gómez Niño, quien fue nuestro candidato a la gobernación del Meta en 2015”.
Se trata de un vuelo tomado en febrero de 2018, en medio de la campaña al Congreso y la escogencia de candidato de la coalición a la presidencia. Según el mismo Uribe, “mi gerente de campaña puso en mi declaración de ingresos que se presentó ante el Consejo Electoral el valor de la donación de ese vuelo, porque yo fui uno de los pasajeros”.
Este naciente capítulo judicial contra Uribe tiene, además, un viejo y conocido contradictor. Se trata de César Reyes, magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, el mismo que radicó la ponencia con la que se ordenó la captura del expresidente el 12 de agosto de 2020, en el proceso por fraude procesal y soborno a testigos.
Tras la renuncia de Uribe a su cargo como senador y la aseveración de no contar con las garantías judiciales, el caso pasó de la Corte a la justicia ordinaria y ahí fue absuelto en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá. El proceso hoy está nuevamente en la Suprema para resolver si entra en casación.
Pero esta no es la única casualidad en referencia al magistrado Reyes. Cuando las relaciones entre los expresidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez se encontraban en el máximo punto de tensión, Reyes llegó como magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema aupado por el Gobierno Santos.
Se probó que Reyes tuvo un contrato por más de 575 millones de pesos con el Gobierno Santos, con la finalidad de “acopiar y analizar la información jurídica de las personas que se encontraban privadas de la libertad, los delitos y las penas impuestas, así como sus condiciones carcelarias”. Fue pagado por el Fondo de Programas Especiales para la Paz a la firma Nueva Justicia y Litigación Oral Consultores Ltda., de la que era el subgerente.
Extraños testimonios
SEMANA conoció un documento del magistrado Reyes, fechado el 16 de enero de este año, en el que ordena la declaración de 31 testigos, que en su mayoría poco o nada tienen que ver con el vuelo que tomó el expresidente Uribe en los Llanos y, por el contrario, se convierte en una lista llena de sorpresas por los nombres que se incluyeron.
Nuevamente, el otrora jefe de los paramilitares Salvatore Mancuso, quien regresó al país luego de pagar una condena de 18 años en Estados Unidos y de inmediato fue nombrado como gestor de paz por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, será uno de los declarantes.
La lista de exparamilitares que incluyó el magistrado Reyes es larga e incorpora a delincuentes de la talla de Diego Fernando Murillo, alias don Berna, exjefe del bloque Nutibara, que operaba en Medellín. Él también fue nombrado en su momento como gestor de paz. Igualmente, Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán, otro poderoso expara del que no se entiende qué relación puede tener con el vuelo por el que pretenden investigar al expresidente.
El jefe financiero de los paramilitares en Urabá, Raúl Emilio Hasbún, a quien la Justicia de Estados Unidos le comprobó que mentía en sus declaraciones, es otro de los nombres que sobresale en la lista de Reyes, igual que Rodrigo Alberto Zapata, alias Ricardo, quien formó parte del Bloque Pacífico Héroes del Chocó.
Pero hay más personajes oscuros que, al parecer, no tienen que ver con el vuelo de la empresa Llanera de Aviación, sino que tienen origen en Antioquia, como María Patricia Rodríguez, conocida con los alias de la Señora o la Doctora. Fue extraditada en agosto de 2010 y era pareja de Francisco Cifuentes Villa, un reconocido narcotraficante asesinado, del clan de los Cifuentes Villa.
El piloto del Pacto
En la mezcla de pilotos y narcotráfico aparece un nombre que ha sonado mucho y está incluido en otros expedientes relacionados con el Pacto Histórico y sus campañas al Congreso y a la presidencia de Gustavo Petro.
Se trata de Carlos Eduardo Restrepo, conocido como alias Caco o el narcopiloto, condenado en Estados Unidos a 11 años de prisión por narcotráfico. Él se entregó a la Justicia de ese país cuando estalló el escándalo de corrupción en la campaña Petro Presidente. Alias Caco está relacionado también con la avioneta que fue encontrada con casi una tonelada de cocaína en Providencia.
Las pruebas de la participación de Restrepo en la campaña Petro Presidente, según reveló una investigación de SEMANA, reposan en un grupo de chat llamado “Despachos avión campaña”. En él participaban los miembros del Pacto Histórico y acordaban los viajes del presidente Petro y los candidatos al Congreso.
La coordinadora de este variopinto grupo de viajeros del Pacto Histórico era la embajadora en Reino Unido, Laura Sarabia, a quien le premiaron su trabajo con la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), uno de los cargos más cercanos al presidente y más importantes del Gobierno.
Los vuelos eran operados por la cuestionada empresa Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi), de la que el conocido narcopiloto era uno de sus representantes.
Otros testimonios
En la lista hay excongresistas, como Jennifer Arias, expresidenta de la Cámara, y el exsenador Roosvelt Rodríguez. También están personas de la campaña al Congreso del Centro Democrático y personal de mantenimiento de la empresa Llanera de Aviación.
Ante esta arremetida judicial, SEMANA se comunicó con Jaime Granados, abogado principal del expresidente Álvaro Uribe, quien aseguró que se trata de “una nueva investigación basada en anónimos para mantener el asedio y persecución a Álvaro Uribe por parte del magistrado César Reyes”.
Con los citados antecedentes de decisiones de Reyes contra Uribe, como la de darle validez a la interceptación del teléfono del expresidente, pese a que se trató de una “confusión” y la escucha estaba dirigida al congresista Nilton Córdoba, Granados ya da puntadas de su estrategia de defensa. La primera de ellas sería justamente recusar al magistrado Reyes, quien, en su opinión, “ha perdido la objetividad necesaria para juzgar cualquier causa relacionada con la familia Uribe”.
Granados fue claro al señalar que “en 2018, Niño Cataño era un ciudadano libre, empresario y piloto comercial. No había condenas en su contra. No se puede exigir a una campaña que tenga capacidades de inteligencia superiores a las del Estado para detectar presuntos criminales”.
Agregó que “el hecho de que un piloto preste servicios de transporte no vincula al pasajero con las actividades presuntamente ilícitas”.
El abogado Granados puso el dedo en la llaga frente a las advertencias que ha hecho el presidente Uribe sobre la “persecución” del magistrado Reyes. “Tras la reciente decisión del Tribunal Superior de Bogotá (que declaró inocente a Uribe), la insistencia del magistrado Reyes en abrir nuevos frentes parece una respuesta política ante la inocencia de Uribe en el caso de fraude procesal”, aseveró el jurista.
Este nuevo intento de Reyes por judicializar a Uribe pareciera un capítulo más de una saga con personajes repetidos: el magistrado, los paramilitares y un proceso que no se sabe en qué puede terminar.
