En un esfuerzo por disminuir el número de vulneraciones a los derechos humanos que se pueden presentar durante las protestas sociales en Colombia, la Personería de Bogotá publicará este martes –20 de septiembre– un protocolo para la atención y prevención de vulneraciones de derechos humanos en el marco de la protesta social.
Es decir, define el rol de los manifestantes, la Policía, las entidades de Gobierno y los terceros que no participan en la protesta, pero que se cruzan en su camino.
La entidad distrital construyó este documento junto a estudiantes de la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica, la Universidad Javeriana, la Universidad Distrital y los comités de derechos humanos de esos centros educativos.
Este martes, el personero distrital, Julián Enrique Pinilla, en conjunto con estudiantes de las universidades y el fotógrafo Jesús Abad Colorado, realizarán un evento simbólico en el Claustro de San Agustín, en el que invitan a los manifestantes a participar en otras formas de protesta que minimicen los riesgos de vulneraciones a los derechos humanos.
El documento
En el documento en poder de SEMANA se identifican los actores y los roles que debe cumplir cada uno durante la protesta social.
Las Naciones Unidas y las ONG deben promover, según el documento, el derecho a la reunión pacífica, y el Estado, la obligación de proteger los derechos fundamentales de todos los habitantes en el territorio, así como garantizar el uso correcto de la fuerza “bajo los principios de legalidad, proporcionalidad, necesidad y racionalidad”.
Así mismo, indica que es deber del Ministerio Público vigilar la conducta de los servidores públicos y de la Policía Nacional velar por mantener el orden durante el ejercicio del derecho a la protesta.
“El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) se ubicará a una distancia prudencial de los sitios de reunión, entendiendo que su actuación será la última instancia y el último recurso para controlar los actos de violencia que cometan personas o focos específicos dentro de una manifestación pacífica”, dice el documento.
Sin embargo, el documento también hace un llamado a los manifestantes para que estos, hagan o no parte de las organizaciones sociales, se movilicen de forma pacífica.
La herramienta, además, incluye a las secretarías de Gobierno y a las organizaciones garantes de derechos de la sociedad civil. Frente a estos últimos destaca que son organizaciones que propenden por el derecho a la manifestación pacífica. Por otro lado, menciona a las brigadas de salud de la sociedad civil cuyo rol es el de acompañar escenarios de manifestación siempre con el objetivo de proteger la vida de los manifestantes y brindar “la primera respuesta en salud no institucional”.
Llama la atención que en documento también están presentes los terceros no participantes, es decir, peatones, vendedores ambulantes y comerciantes. Al respecto, el documento indica que los derechos de estas personas “deben ser protegidos de la misma manera que los de las personas que se agrupan en otras figuras de actores sociales, participantes o garantes en los escenarios de protesta”.