El próximo miércoles 2 de septiembre, a las 9 de la mañana, el brigadier general Federico Mejía deberá presentarse en compañía de su abogado ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
Esto, para escuchar la imputación de cargos en su contra por, presuntamente, haber ordenado, en enero de 2024, que se dejara en libertad a un hombre que había sido detenido en un complejo en el corregimiento de El Plateado, zona rural del municipio de Argelia (Cauca).
La Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia presentará los elementos materiales de prueba en contra del oficial, quien hasta hace muy poco estuvo al frente del Centro de Educación y Doctrina del Ejército Nacional.
El ente investigador lo vinculará a un proceso penal por los delitos de prevaricato por acción, favorecimiento, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.
La orden del general
SEMANA reveló en exclusiva que, siendo comandante del Comando Específico/Especial Conjunto de Cauca (Cecau), le ordenó a 36 militares, dentro de ellos tres oficiales, un coronel, un teniente coronel y un mayor regresar en un helicóptero del Ejército al capturado.
Como si fuera poco, les ordenó a sus subalternos regresarle los cargamentos de droga incautados. El informe que hace parte del proceso señala que se trataría de 4,5 kilos de pasta de base de cocaína.
En un documento firmado por el mismo general Mejía para justificar su actuar se indicó que la liberación se había hecho para evitar una situación grave de orden público ante el riesgo de una asonada de la comunidad contra los soldados.
“En consecuencia, la orden de liberar al sujeto por parte del Comando Específico del Cauca como proceder de la Brigada contra el Narcotráfico y de su personal operativo debe entenderse como una respuesta legítima, razonada y responsable”, dice el documento firmado por Mejía y que le fue entregado al entonces comandante de la institución, el general Emilio Cardozo.
En medio de la investigación que realizaba SEMANA se intentó ocultar todo tipo de información poniéndole el remoquete de “reservada”. Debido a esto, se presentó una acción judicial reclamando que no encontraba base para esta decisión.
“No logró (el Ejército) acreditar la configuración de un daño presente, probable y específico como lo exigen la norma y la jurisprudencia constitucional; como tampoco demostró que la información era clasificada y reservada, se trata de información pública a la que puede tener acceso el periodista”, señaló el Tribunal Administrativo del Cauca en una orden dada para revelar toda la información sobre esta inédita decisión del general Mejía.
Estos dos documentos son piezas clave en la investigación y, todo parece indicar, que serán expuestos en la imputación de cargos contra el general Mejía.
El pasado 31 de agosto, se conformó la salida del oficial del Ejército Nacional para ocuptar un cargo en el Estado Mayor del Comando General de las Fuerzas Militares.
En un comunicado de prensa, el Comando General de las Fuerzas Militares reseñó que el general Mejía tendrá una “posición de carácter administrativo”, por lo cual no tendrá “responsabilidades directas de comando o dirección”.
“Esta determinación permite armonizar las necesidades institucionales, la continuidad del servicio y la integridad del mando con el normal desarrollo de las actuaciones que adelantan las autoridades competentes”, indica uno de los apartes de la comunicación.
Por su fuero, el proceso contra el general Mejía contiuará bajo conocimiento de la Corte Suprema de Justicia.