SEMANA conoció el pliego de cargos que emitió la Procuraduría contra el exembajador de Colombia en México, Moisés Ninco Daza; el exviceministro de Juventud del MinIgualdad, Gareth Sella; y quien fue la jefe de la Oficina de Servicios al Consumidor de la Superintendencia de Industria, María Niny Echeverry, por la violencia digital que habrían ejecutado en contra de una periodista.
El objetivo de estos ataques en redes sociales fue la periodista Diana Saray Giraldo, a quien los tres exfuncionarios del gobierno del expresidente Petro, la vincularon con el asesinato del líder social Josué Castellanos, ocurrido en el departamento de Arauca.
El pliego de cargos contra Ninco Daza, Sella y Echeverry deja sobre la mesa un pronunciamiento de fondo de la Procuraduría sobre los alcances y los límites que deben tener los servidores públicos, especialmente, cuando participan en redes sociales y emiten mensajes que se podría convertir en una vulneración al ejercicio de la libertad de prensa y los derechos de las mujeres periodistas.
La decisión salió de la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Primera para la Vigilancia Administrativa, que calificó como falta gravísima, la presunta comisión de calumnia que se habría registrado abusando del cargo público que estaban ostentando para el momento de los hechos.
El pliego de cargo también calificó otra falta como grave relacionado con el supuesto exceso que habrían tenido sobre el derecho a la libertad de expresión que, al parecer, terminó promovimiento acto de violencia digital, simbólica o psicológica contra la periodista.
Pero en esta decisión la Procuraduría fue más allá al considerar que los funcionarios públicos no pueden justificar sus publicaciones como opiniones personales, pues su investidura y credibilidad institucional tienen un peso distinto en la manera como son recibidos sus mensajes por la ciudadanía.
Los ataques contra Diana Saray
Este caso arrancó en agosto de 2024 cuando la defensa de la comunicadora presentó una queja disciplinaria por las publicaciones que aparecieron en redes sociales sobre el orden públicos en Arauca, y los señalamientos que después aparecieron sobre su trabajo periodístico con la muerte del líder social.
Semanas antes, el exembajador Moisés Ninco Daza publicó un mensaje en el que sostuvo que el líder habría sido asesinada por una publicación de la periodista. En otro mensaje dijo: “Señalan con el micrófono para que otro dispare con el fusil”.
El exviceministro Gareth Sella también se metió a la controversia y cuestionó a Saray: “¿Sumercé no es quien estigmatizó a Centro Oriente como ‘brazo político del ELN’ y luego un líder social fue asesinado?”. El entonces funcionario hizo serias advertencias sobre el poder de la prensa. María Niny Echeverry habría realizado publicaciones similares.
La Procuraduría analizó este caso teniendo en cuenta que los investigados era tres funcionarios que ocupaban cargos de alta jerarquía, utilizaron cuentas asociadas con sus entidades públicas y generaron interacciones de odio de terceros relacionadas con el caso.
El pliego de cargos dejo claro que la condición de servidores públicos debe garantizar que sus declaraciones sean verídicas y con respaldo institucional, por lo que la libertad de expresión no podría ser una justificación para abusar del cargo ni delegar responsabilidades sin sustento.
El pronunciamiento de la Procuraduría también dejó claro que en este caso se incorporó una perspectiva de género, pues los mensajes afectaron la honra y el buen nombre de la periodista, pero también habrían contribuido a una modalidad de violencia digital contra ella por su condición de mujer y comunicadora.