A las 6:10 a. m., ¿qué estará opinando María Isabel hoy viernes 26 de mayo en SEMANA? Pues la opinión gira en torno a la muy justificada preocupación de muchísimos expertos, que le piden al Gobierno enfáticamente continuar la exploración y explotación de hidrocarburos en el país para poder garantizar la autosuficiencia que no impediría sino que, por el contrario, permitiría la ansiada transición energética.
El gas será clave durante toda esta transición, así como sufragarla ―pues claro, de algún lado tiene que venir la plata para construir todas las plantas de energía limpia― que el Estado haría a través de los ingresos fiscales que precisamente le entran vía petróleo. Pero lo más contradictorio de no seguir explorando para no seguir explotando es que los proyectos de energía limpia sana que ya están en marcha, en algunos lugares del país, han tenido tan graves tropiezos. En La Guajira supimos que la empresa Enel suspendió indefinidamente la ejecución de su proyecto eólico de Windpeshi.
Más aún, quiere vender el proyecto, no descarta eso, o incluso enfrentarse a su inviabilidad por cuenta de los sobrecostos derivados de los obstáculos que le han creado a la compañía los múltiples bloqueos de las comunidades. Es decir, por un lado solo tenemos reservas de petróleo y gas para un poquito más de 7 años, pero por el otro la falta de autoridad está impidiendo que se ejecuten los proyectos de sustitución energética.
Ahora no es sino ver la crisis que se ocasionó por la falta de gas que afectó durante algunos días a cinco departamentos del occidente colombiano y del Eje Cafetero, cuando confusas emanaciones de gases comenzaron a ocurrir en la ladera del volcán Cerro Bravo, obligando a cortar el suministro del gas por prevención con la tubería.
Lo curioso es que la cabecita con tenis que ocupa el Ministerio de Minas salió a cobrar que “gracias al Gobierno del cambio se reanudó el servicio de suministro de gas”. Cuando la verdad no fue que se hiciera alguna obra para destrabar el suministro de gas, como un bypass en la tubería, sino que el subsuelo se fue enfriando gradualmente luego de que mermaron o bajaron los incendios subterráneos que, al parecer, motivaron este extraño fenómeno.
Pero el grado incidente que, como medida de precaución dejó sin gas a miles de familias y negocios, es una pruebita de lo que será el futuro sin gas que en siete años, según las reservas confirmadas, tendremos que empezar a importar por cuenta de la terquedad de este Gobierno de parar su exploración. Eso sí, a aguantarlos a partir de entonces los carísimos precios a los que el país tendrá que pagar esas tarifas del gas y del petróleo importados.
Escuche aquí la otra opinión de María Isabel de hoy 26 de mayo:
¿Qué opina María Isabel? El “embutido” de Roy Barreras
Una tutela destapa la farsa con la que fue elegido el contralor que, entre otras, fue admitida por casi todo el Congreso, por aquello de las cuotas. Al contralor nos lo “embutieron”, cosiéndole los requisitos para su elección como si fuera un vestido a su medida. El poder tiene sus límites, y el Consejo de Estado, muy oportunamente, se los está recordando.
A las 6:00 a. m., ¿qué estará opinando María Isabel hoy viernes 26 de mayo en SEMANA? Pues la opinión gira en torno al nuevo golpe que el Consejo de Estado, acompañado de muy claros argumentos, le dio ayer al Gobierno nacional.
La forma como fueron manipuladas las condiciones para la elección de Carlos Rodríguez como contralor es francamente escandalosa y tan evidente que llevó al Consejo de Estado a tomar esta histórica decisión, escasos 10 meses duró en su cargo el contralor.
Todo ocurrió por cuenta de una tutela presentada por los congresistas Jennifer Pedraza y Christian Avendaño, que tienen además motivos muy delicados en esas tutela. Evidencian la inaceptable trampa ocurrida con esta elección fruto de un cambio de las reglas de juego en los criterios y valores que servían de base para la calificación de los méritos de los candidatos.
La maniobra fue para que le quedaran, como traje elaborado a su medida, al señor Rodríguez, estas nuevas reglas de juego. Finalmente, no resultaron siendo los mismos parámetros de la convocatoria que había elaborado la Universidad Industrial de Santander, por una razones que no han logrado ser justificadas y que terminaron viciando de ilegalidad la elección.
Es que llegaron hasta elaborar no una, ni dos, sino tres listas de candidatos para que pudieran embutir literalmente al favorito del Gobierno, cuando ya incluso se habían publicado las pruebas a los aspirantes y se conocían sus resultados. Unas maniobras se hicieron para que Rodríguez ocupara el primer puesto con puntajes amañados para el efecto. Y la farsa resulta más escandalosa si se tiene en cuenta que supuestamente se trataba de un concurso por méritos, que no fueron los méritos el criterio selectivo al final.
Y según la congresista Pedraza, ¿quién diseñó la jugadita? Pues ella sostiene que el entonces presidente del Senado, Roy Barreras, él mismo sujeto de una decisión semejante del Consejo de Estado que lo dejó sin curul por transfuguismo político.
¿Qué salidas le quedan al anulado Carlos Rodríguez? Tres; la primera, pedir una aclaración al Consejo de Estado, que no le sirve para nada, porque tan solo le garantizaría unos días más en el cargo; esta es una decisión que no admite recursos, salvo esta de aclaración, que como digo, no cambia las cosas.
La segunda, una tutela en la que quede probado que con la nulidad, le vulneraron al señor Rodríguez sus derechos, pero siendo tan evidente las maniobras para su elección no parece muy seguro que una tutela semejante pueda prosperar. La tercera salida es que vuelve a presentarse como candidato con unas reglas del juego claras y limpias.
El asunto es que este episodio del Contralor debería servirle de advertencia, de campanazo, al Gobierno, sobre cómo podrían caérsele sus reformas en la Corte Constitucional si en su trámite se siguen saltando, como lo han hecho, las reglas de juego diseñadas por la propia Constitución.
No es haciendo lo que le dé la gana a los amanuenses del gobierno para elegir contralores de bolsillo o hacer pasar como reformas legales lo que realmente son reformas constitucionales como se gobiernan. El poder, señores, tiene sus límites y los organismos que imparten justicia están empezando a poner esos límites que requiere el poder.