La prohibición de participar en política como lo estipula la Constitución se quedó en la norma durante estas elecciones a la Presidencia. Empezando por el ejecutivo, liderado por el presidente Gustavo Petro, quien ha provocado varias polémicas sobre los límites de la neutralidad en Colombia y hasta decisiones de la justicia para que frente la difusión a favor de su candidato Iván Cepeda.
Pero ese ejemplo que dio la cabeza del Gobierno nacional pareciera que se convirtió en una hoja de ruta para que cerca de 200 funcionarios públicos, entre altos servidores, diplomáticos y gobernantes locales, terminaran investigados, y en algunos casos, hasta sancionados por presuntamente participar indebidamente en política.
#Nación | Participación indebida en política del presidente Petro y presión de grupos armados ilegales; la advertencia de un informe presentado ante la CIDHhttps://t.co/YzaIA5HJiE
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El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, confirmó que en la actualidad hay un “consolidado de un total de 181 investigaciones entre preliminares y disciplinarias, entre esas, se han ordenado varias suspensiones de servidor público. Han llegado otras 10 quejas sobre indebida participación en política”.
Algunos de esos funcionarios suspendidos fueron el exdirector de la UNGRD, Carlos Carrillo; el embajador en Brasil, Alfredo Saade; y la embajadora en Haití, Vilma Velásquez, quienes recibieron la sanción disciplinaria hasta el próximo 22 de junio, un día después de la segunda vuelta electoral por la Presidencia.
El entonces director de la UNGRD, Carlos Carrillo, calificó la medida como “arbitraria y exagerada”, renunció al cargo, asumió su defensa y se fue directo a apoyar los últimos días que le quedan a la campaña de Iván Cepeda antes de la jornada electoral.
Eljach explicó sobre ese caso: “De los servidores, alguno dejó de ser servidor público por renuncia aceptada, sin embargo, se está averiguando lo que sucedió entre la suspensión decretada y la aceptación de la renuncia, que allí hay un acervo probatorio bien interesante y seguramente tendrá algunas consecuencias dentro del proceso”.
#Nación | Participación indebida en política: la prohibición que no cumple el presidente, deja ministros investigados y una controversia sin precedentes. https://t.co/Q76msZYaOV
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Pero esta última semana preelectoral dejó nuevas investigaciones contra el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya; funcionarios por determinar de la alcaldía de San Gil, en Santander; y al personero de Chiriguaná, en Cesar, Sergio Andrés Jiménez, por presunta participación en política.
La Procuraduría también anunció acciones disciplinarias contra siete diplomáticos que representan a Colombia en el exterior y habrían terminado incurriendo en esa falta. Entre ellos está la exministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, quien actualmente se desempeña como embajadora ante las Naciones Unidas para la Alimentación.
Esas medidas disciplinarias también recayeron contra sus colegas Luis Ernesto Vargas, embajador ante la Organización de los Estados Americanos; Milton Rengifo, embajador en Venezuela; José Acosta, embajador en Argentina; Luis Medina, embajador ante la Organización para el Desarrollo Económico; Daniel Prado, embajador en Bélgica; y Elizabeth García, embajadora en Bolivia.
Mientras que la Procuraduría anunciaba estas nuevas investigaciones también ha venido en los procesos disciplinarios que avanzan por esa misma falta contra los ministros del Gobierno Petro: Armando Benedetti, Guillermo Alfonso Jaramillo, Mafe Rojas, Antonio Sanguino y el exministro de Justicia, Eduardo Montealegre.
De hecho, las criticas contra el Ejecutivo por esta situación han arreciado a tal punto que el abogado Víctor Mosquera, quien defiende a la familia de Miguel Uribe Turbay, presentó un informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alertando la participación indebida en política del presidente Petro y su posición de desconocer los resultados de la primera vuelta que dejaron a Abelardo de la Espriella como el ganador con más de 10 millones de votos.
El abogado Mosquera y la Fundación Derechos y Justicias Asociados advirtieron a la CIDH: “Estas situaciones comprometen los derechos políticos consagrados en el artículo 23 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos”.
Sumado a las graves amenazas y constreñimiento al que estaría siendo sometida la población civil por parte de grupos armados ilegales que no permiten ejercer el derecho al voto de manera libre y voluntaria. El candidato Iván Cepeda ha denunciado que esas estructuras criminales han presionado a comunidades en zonas de conflicto para obligarlos a votar por su campaña.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos entrará a estudiar esta situación en Colombia, mientras que en regiones como San Onofre, en Sucre, la alcaldesa Marta Cantillo, se convirtió en la primera funcionaria suspendida por participación indebida en política tras publicar un video en el que manifestó su respaldo a un sector afín al presidente Petro.
La misma Misión de Observación Electoral (MOE) ha advertido en recientes informes que se ha aumentado los reportes ciudadanos relacionados con presunta irregularidades de funcionarios públicos en la campaña electora, especialmente en regiones como Bogotá, Antioquia, Cauca, Nariño y Tolima.
La Plataforma Pilas con el Voto de la MOE reportó en solo una semana de mayo un incremento importante en reportes que alertarían posibles irregularidades de funcionarios participando en la contienda, uso de recursos públicos con fines electoral y actuaciones de servidores que comprometerían la imparcialidad de las elecciones.
#Política | Procuraduría abrió investigación a Antonio Sanguino por supuesta participación indebida en política.https://t.co/a17NScdmSB
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Por su parte, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes ha venido abriendo investigaciones contra el presidente, por las denuncias que han llegado sobre las publicaciones que ha hecho recientemente en redes sociales haciendo referencia a la actual campaña electoral.
A pesar de que la participación indebida en política fue un fenómeno que se disparó en esta contienda, las sanciones contra los funcionarios han sido endebles, las investigaciones no han mostrado mayores avances y los procesos contra el jefe de Estado avanzan a paso de tortuga en el Congreso de la República.