La Universidad del Atlántico atraviesa una tormenta que va mucho más allá de una disputa académica: sectores internos aseguran que la institución terminó convertida en un fortín burocrático alineado con el Gobierno del presidente Gustavo Petro. La intervención, los nombramientos cuestionados y la puja por un presupuesto cercano al medio billón de pesos desataron un pulso político que hoy sacude a una de las universidades públicas más importantes del Caribe colombiano.
El punto de quiebre fue la designación de Rafael Castillo como rector, en el marco de la intervención del Ministerio de Educación Nacional. Sus críticos advierten que registra sanciones vigentes en la Procuraduría General de la Nación que le impedirían ejercer el cargo, pese a lo cual asumió el control de la institución.
Abraham Scoll González, representante de los egresados ante el Consejo Superior, aseguró que la universidad “está sumida en una crisis administrativa provocada, básicamente, por una agenda política del Gobierno del cambio”. Según afirmó, la intervención “ha desestabilizado no solamente la tranquilidad y el buen manejo de la Universidad del Atlántico, sino de otras universidades de Colombia”.
González sostiene que, tras no lograr la designación de Wilson Quimbayo como rector, el Gobierno habría forzado una crisis para intervenir. “Ellos usurparon el poder porque crearon una crisis donde no la había. Si bien es sabido que hay un tema con el rector Leyton Barrios, es netamente jurídico”, dijo. También cuestionó los nombramientos realizados por Castillo: “Son nombramientos que se basan en favores a las personas que cometieron la arbitrariedad de llevarlo al poder, aun sin los requisitos”.
El representante añadió que Castillo no se ha posesionado formalmente y recordó que el estatuto impide ejercer la rectoría a quien tenga sanciones disciplinarias. “El Ministerio dice que funge como representante legal porque está intervenida, pero todo funcionario público debe tomar posesión”, señaló.
En medio de la reconfiguración interna, Quimbayo fue designado vicerrector de Bienestar Universitario. También generaron polémica otros nombramientos, como el de Nevys Andrea Niño Rodríguez como jefa de posgrados, quien fue apartada en 2025 de la dirección territorial Caribe de la SAE por presuntas irregularidades, y el de Jorly Berdugo como director de sedes regionales, hermano del viceministro del Interior, Jaime Berdugo.
“La contratación la están manejando personas que no son estudiantes activos, sino activistas (los contratos eran acordados por los estudiantes y la universidad, pero ahora no). También se quitaron horas a docentes (por el mismo pago) sin autorización del Consejo Superior, afectando el presupuesto”, dice González.
El trasfondo electoral añade tensión. “No me llama la atención, porque ellos tienen sus candidatos. (…) Le están haciendo campaña para Cámara, Senado y presidencia por el Pacto Histórico para poder ser contratados dentro de la universidad”, afirmó, al referirse a la supuesta cercanía de miembros del Consejo Superior con aspirantes políticos.
Desde el sindicato ADT, su presidente, Federico Santodomingo Zárate, habló de persecución contra docentes. “Nos habló de coordinar, pero más bien ha declarado una persecución contra los profesores, nombrándolos no por lo que pide la norma (…) Eso no es lo que pide la ley”, expresó. Aunque reconoció que históricamente han existido disputas internas, advirtió que ahora las tensiones se han agudizado.
La Universidad del Atlántico, una de las más importantes del Caribe, enfrenta así un escenario de incertidumbre que podría impactar su estabilidad académica y financiera. Voceros advierten que, si no se logra una pronta estabilización, podrían reactivarse protestas estudiantiles y nuevas alteraciones en el calendario académico; mientras que la administración guarda silencio frente a las denuncias.