Luego de más de 10 años de lucha legal, seis jóvenes recobraron su libertad al comprobarse que fueron objeto de un supuesto montaje judicial. Este proceso, conocido como “el caso de Lebrija”, un municipio del departamento de Santander, inició en 2012 cuando cuatro hombres y dos mujeres fueron capturados.
Cristian Leiva, Xiomara Torres, Érika Aguirre, Alexis Bueno, Diego Alejandro Ortega y Carlo Carrillo son los estudiantes universitarios que el pasado 27 de julio fueron absueltos por el juez primero penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, quien consideró que no eran responsables de los delitos que la Fiscalía les imputó.
“La Fiscalía les acusó y pidió condena por el delito de fabricación y conservación de explosivos, exponiéndoles a una pena que tiene prevista una pena mínima de 22 años de prisión. Estas personas estuvieron privadas de la libertad por cerca de cuatro años, en establecimientos de reclusión lejanos al lugar de residencia de sus familias”, explicó el Equipo Jurídico Pueblos, la defensa de los jóvenes.
Cárcel nunca más!!
— Meli (@alsakyu) July 27, 2022
Absolución, libertad y dignidad para los compas del caso Lebrija❤️ pic.twitter.com/XWowwIUPPe
Estas personas estaban siendo juzgadas como presuntos responsables de los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido de uso de las fuerzas públicas y terrorismo. Toda vez que, según las autoridades, estas personas fueron capturadas en una finca de Lebrija donde se habían reunido para fabricar 300 papas bomba que serían utilizadas para crear disturbios en la UIS.
Asimismo, en aquel momento, autoridades señalaron que estos jóvenes hacían parte un grupo insurgente denominado ‘Juventudes M-19′.
De acuerdo con la defensa, los jóvenes fueron “sometidos a un montaje judicial direccionado por el agente de inteligencia Cúper, Diomedes Díaz Amado. El policial alquiló una finca en Lebrija, Santander, a la cual llevó bajo engaños a las y los procesados, implantando las pruebas que fueron incautadas en el marco de un allanamiento que se realizó, unas horas después de que el ‘infiltrado’ saliera del sitio”.
Ante las pruebas presentadas por el ente acusador, los acusados fueron enviados de forma preventiva a establecimientos carcelarios en Bucaramanga, donde estuvieron privados de la libertad por cerca de cuatro años.
Luego, por vencimiento de términos, fueron dejados en libertad; sin embargo, “hasta hoy han vivido en la incertidumbre de las resultas del proceso”.
Asimismo, el Equipo Jurídico Pueblos señaló que el juez cuestionó la forma en que se llevó a cabo el proceso y la veracidad de la pruebas presentadas, entre estas, la versión entregada por el principal testigo del caso.
“Varias de las actividades desplegadas por el testigo (policía infiltrado) requerían autorización tanto de la Fiscalía como de los jueces de control de garantías. Además, la información de inteligencia en un proceso penal no tiene valor probatorio, de manera que, esta situación generó en la judicatura serias dudas sobre la validez de los elementos recolectados en el marco de la diligencia de allanamiento”.
En cuanto a la responsabilidad penal, la judicatura planteó “un problema mayor”, pues los delitos fueron imputados en condición de coautoría impropia, por lo que la Fiscalía debió precisar y probar qué función o aporte esencial realizó cada una de las personas sometidas a judicialización, en el hecho de fabricar y conservar sustancias explosivas.
A pesar de la solidez argumentativa de la decisión, la Fiscalía y el Ministerio Público interpusieron el recurso de apelación, que deben sustentar dentro de los cinco días siguientes.
“La decisión es, sin duda alguna, un logro importante para las y los jóvenes sometidos a juzgamiento. Sin embargo, se deben continuar las acciones dirigidas a denunciar la problemática de la infiltración en las universidades públicas y la forma como esta impacta el pensamiento crítico o la libertad de cátedra”