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Desplazamientos  de familias en Arauca, tras el homicidio selectivo de 27 personas en el departamento.
enero 6 del 2022
Foto Guillermo Torres / Semana
Cúcuta se ha convertido en el territorio con más víctimas del conflicto armado - Foto: Guillermo Torres /Semana

norte de santander

En una semana, 30 familias fueron desplazadas por la violencia que se vive en el Catatumbo

Un defensor de los derechos humanos de esta región mencionó en SEMANA que esperan que el proceso de diálogo de paz con los grupos armados no sea como los anteriores.

La capital nortesantandereana sigue albergando asilo a aquellas familias que han tenido que salir de sus hogares en busca de un mejor futuro por culpa de la violencia que se vive en el departamento, estas personas son provenientes de la región del Catatumbo.

En esta parte del territorio de Norte de Santander, la guerra entre los diferentes grupos subversivos que aquí delinquen tienen azotada y atemorizada a la población civil con sus múltiples acciones violentas que ponen en riesgo a los catatumberos.

En ese sentido, la secretaria de Posconflicto y Cultura de Paz, Elisa Montoya, dio a conocer que esta problemática se viene presentando desde principio de año y esta entidad le ha prestado las ayudas necesarias a la comunidad, salvaguardando la integridad de los mismos.

“En este momento hemos recibido aproximadamente 30 personas desplazadas en esta semana que acaba de pasar, ya todas fueron atendidas y seguimos brindando el acompañamiento”, aseveró la funcionaria de la administración municipal.

Cúcuta se ha convertido en el territorio con más víctimas del conflicto armado, donde en la actualidad cuenta con más de 90.000 ciudadanos del Catatumbo, los cuales se han visto mayormente afectados por la violencia en esa zona de la región.

“La mayoría de las víctimas son del Catatumbo, hay unas situaciones complejas aún en algunos municipios del departamento y hemos pedido a quienes no se han atendido, se acerquen a nuestras oficinas para poder acompañarlos en el proceso”, indicó la secretaria de Posconflicto.

Tras esta situación, los nortesantandereanos, y en especial los pobladores de la región del Catatumbo, claman por el reinicio de los diálogos de paz entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y del mismo modo, generar la posibilidad de un cese bilateral al fuego con los diversos grupos armados.

Sin embargo, los defensores de los derechos humanos en este departamento hacen un llamado especial ante las expectativas que se tienen una vez se logre restablecer estos diálogos, pues esperan que este proceso no sea como los anteriores.

“El gobierno no puede cometer los mismos errores que se cometieron con la FARC, en el que su resultado fue una serie de violencia e incremento de cultivos ilícitos en la región. Si el ELN, realmente tiene voluntad y quiere iniciar unos diálogos, deben ser ellos quienes manifieste su voluntad en las regiones donde tienen control territorial, en términos del derecho internacional humanitario”, resaltó en SEMANA el defensor Diego Villamizar.

Así mismo, el defensor mostró su preocupación debido a que señaló que en lo corrido de este año se han presentado más de 100 acciones terroristas contra las autoridades en esta región, por lo que pide que este grupo armado debe anunciar un cese al fuego unilateral de todas sus actividades criminales y terroristas.

Es un grave error para el Catatumbo, lo que anunció el Gobierno nacional de suspender las órdenes de captura de miembros del ELN sin condicionar a esta organización, aunque con fachada de guerrilla. En la región solo son un grupo criminal que sus actividades ilegales son: el secuestro, extorsión y control de cultivos ilícitos y rutas del narcotráfico al servicio de carteles mexicanos y cartel de los soles que entre otros son manejados por generales de la guardia venezolana de la dictadura de Maduro”, expresó Villamizar en este medio.

Del mismo modo, señaló que si no se condiciona a estas organizaciones narcoterroristas, el resultado va a ser peor que la actualidad, pues aseguró que con estas acciones se limitaría el accionar de la fuerza publica en la región.

“El ELN, luego de las Farc, son los responsables de ciento de amenazas y asesinatos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos (...) Acá debe existir unas mínimas garantías, la paz se logra teniendo en cuenta a las víctimas, a los territorios, que existan garantías de no repetición de las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que han cometido el ELN en Norte de Santander”, puntualizó el defensor en SEMANA.