En una audiencia judicial, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos y pidió enviar a la cárcel a Juan David Palacio Cardona, el exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, una de las entidades descentralizadas de la Alcaldía de Medellín.
Palacio Cardona se convierte, así, en una de las personas de más alto perfil durante el periodo gubernamental de Daniel Quintero Calle en la Alcaldía de esa ciudad en tener que darle cara a la justicia por presuntos hechos de corrupción.
El ente acusador le imputó los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros porque, según argumentó, a través de la firma de seis convenios entre 2021 y 2023 con los Bomberos de Itagüí, en los cuales, cree el ente acusador, se inflaron precios, se movieron recursos a la campaña política del exdirector de ese cuerpo de socorro, Misael Cadavid, y para favorecer a otros terceros, como el exdiputado de Antioquia, exconcejal de Medellín Miguel Quintero Calle.
Se trata del hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, también imputado por un escándalo de corrupción durante su administración.
Palacio Cardona negó su responsabilidad, pero la Fiscalía le enrrostró haber hecho movimientos para poner en cargos en el Área Metropolitana a personas que le permitieran tener control en la entidad, además de intentar desaparecer información vital para la investigación a través del borrado de archivos y formateo de equipos de cómputo.
Para el ente acusador, Palacio Cardona debe estar en prisión en la medida en que puede irse del país para evitar el yugo de la justicia.
“Desempeñó un rol que derivó en la apropiación indebida de recursos públicos por más de 2.481 millones de pesos”, esgrimió la Fiscalía.
Además, dijo que con “su participación activa y omisiva consistente en la delegación estratégica de funciones en el nombramiento de funcionarios que facilitaron el direccionamiento contractual, la convocatoria y aprobación de vigencias futuras y la validación de contratos con sobrecostos sin soportes legales, evidencia un dominio funcional del hecho en calidad de coautor impropio”.
Por eso, dijo el funcionario judicial, “la privación de la libertad es el mecanismo idóneo para neutralizar la capacidad de influencia que aún conserva sobre funcionarios contratistas y particulares vinculados al esquema delictivo y para impedir la reiteración de conductas que afecten la administración pública y el patrimonio estatal”.
Por último, recordó que la medida de enviar a la cárcel a Palacio Cardona “es necesaria, ya que no existe otra medida menos gravosa que resulte eficaz para conjurar el riesgo de reiteración delictiva y de obstrucción a la justicia por su posición jerárquica y por los vínculos probados con particulares ajenos a la administración”.
La Procuraduría anunció que respalda la petición de la Fiscalía de enviar a la cárcel a Palacio Cardona.
La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento fue suspendida, para la revisión de documentos por las partes, y se reanudará el próximo lunes, 2 de febrero, cuando el juez escuchará a los defensores de Palacio Cardona, de los otros tres implicados en la investigación, y tendrá que decidir si lo envía, o no, a prisión.