medellín

Daniel Quintero denuncia que carro de su esposa apareció sin frenos

La defensa jurídica del alcalde suspendido pidió medidas urgentes para proteger la integridad física de la familia Quintero Osorio.


El alcalde suspendido de Medellín, Daniel Quintero Calle, encendió las alarmas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por una supuesta persecución de la que estaría siendo víctima su grupo familiar por el activismo político. En un reciente episodio, su esposa habría estado en alto riesgo.

Ante la audiencia que presidió el comisionado Joel Hernández -en medio de la solicitud de medidas cautelares a raíz del proceso que enfrenta por presunta participación en política-, Quintero denunció que el vehículo de Diana Osorio, su pareja sentimental, habría sido intervenido de manera irregular.

De acuerdo con la información que emitió el mandatario, el carro particular fue llevado a un centro especializado en revisión técnica de automotores para cumplir con el visto bueno de movilidad y, misteriosamente, salió del sitio sin frenos.

“Hace un par de días el carro de mi esposa, que es una líder política en el país, fue afectado en relación a sus frenos. Afortunadamente, sin un daño grave, pero pudo haber causado su muerte”, reveló Daniel Quintero.

Él le dijo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que este hecho tendría relación con un acoso contra los líderes políticos que han mostrado desacuerdo con el Gobierno nacional.

En la lista de supuestas víctimas estaría Diana Osorio, quien ha promocionado abiertamente el nombre de Gustavo Petro y Francia Márquez en Medellín, en el marco de las elecciones presidenciales.

Frente a este episodio y a los otros antecedentes que ha denunciado el alcalde suspendido, su defensa le solicitó a la CIDH una intervención urgente para que incite al Estado colombiano a proteger la integridad física de la familia Quintero Osorio.

“Pedimos medidas cautelares para proteger nuestra vida, para que se conserve el esquema de seguridad mientras seguimos suspendidos del cargo. Hoy hay un riesgo inminente sobre nuestra vida”, agregó Daniel Quintero.

Ese mismo pedido lo hizo el mandatario en el mes de febrero donde aseguró que un grupo de personas estarían gestando una persecución que, a su juicio, hoy da resultados con la orden de la Procuraduría de frenar su trabajo en la Alcaldía de Medellín.

Los pedidos

La premisa del acoso político ya lo había puesto en conocimiento de la CIDH en febrero de este año, donde inicialmente denunció amenazas que podrían poner en riesgo su integridad física y la de su grupo familiar.

Daniel Quintero dijo: “Es una pena que para defender la democracia tengamos que salir del país. En Colombia se ha roto el curso constitucional. Desde febrero advertí a CIDH que [el] camino democrático del uribismo se había agotado y que ahora daban pasos hacia el totalitarismo”.

Ahora bien, fueron dos las peticiones personales que elevó la defensa del político antioqueño ante el organismo internacional: evitar la destitución definitiva de la Alcaldía y mantener activo el esquema de protección para asegurar su vida en medio del proceso que enfrenta.

“Atención sobre la democracia”

Otras dos solicitudes involucran temas de orden nacional: violencia en medio de las elecciones presidenciales y el manejo de la Procuraduría General de la Nación.

Daniel Quintero pidió un seguimiento urgente al proceso electoral porque, presuntamente, “el Gobierno del presidente Duque ha decidido meter las manos en la democracia de Colombia”.

Además, con base en las palabras del alcalde suspendido, también lo estaría haciendo el Ejército Nacional por medio de su comandante, el general Eduardo Zapateiro Altamiranda, “atacando a uno de los candidatos presidenciales”.

En la lista de irregularidades denunciadas por Quintero ante la CIDH dio cuenta de los supuestos atentados que se estarían organizando contra la vida de Gustavo Petro y Francia Márquez.

La segunda alerta busca que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos gestione una medida tutelar para que el ente de control disciplinario no pueda volver a suspender a los funcionarios electos por voto popular.