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- Foto: Alfonso Reina.

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Grupos armados estarían pagando seguridad social para motivar el reclutamiento en Antioquia

Las autoridades trabajan para reducir el riesgo en las subregiones donde se han emitido alertas tempranas.

La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) denunció que en algunos municipios de Antioquia las organizaciones delincuenciales estarían asumiendo el costo anticipado de la asistencia sanitaria para hacer llamativo el reclutamiento a los menores de edad.

Ese recurso estaría acompañado de altas sumas de dinero y promesas para financiar la educación de los jóvenes que los ayuden a cumplir los objetivos ilegales: sicariato, producción y comercialización de alucinógenos y minería.

Detrás de esa acción criminal estarían los hombres de Los Caparros, Clan del Golfo, grupos locales y transnacionales que operan en las subregiones del norte, nordeste, occidente y suroeste del departamento.

La Defensoría del Pueblo reconoció que las comodidades que están ofreciendo tienen resultados alarmantes en las zonas rurales de Antioquia, especialmente en los territorios que tienen rutas estratégicas para la movilización entre departamentos.

En las últimas semanas se ha reportado un incremento en el reclutamiento forzado. En las alertas tempranas que ha emitido la entidad se lee que es un hecho que los jóvenes están dejando las aulas de clase para empuñar un arma.

Hay una serie de ofrecimientos por parte de los grupos armados al margen de la ley que se vuelven atractivos para estos chicos, pero son chicos que sabemos que están reclutando desde 13 a 17 años”, mencionó la defensora del departamento, Lucelly Rincón.

Las invitaciones se estarían tramitando a las afueras de los colegios, centros de entretenimiento y por medio de las redes sociales. Incluso, reveló Teleantioquia, los hombres armados estarían presionando a los docentes para empujar a las víctimas hacia las manos de las organizaciones a cambio de no ser asesinados.

El vocero de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Luis Fernando Quiceno, señaló que los salarios mensuales ya no son de 400.000 pesos, sino superiores al millón de pesos, lo que demuestra las amplias capacidades económica que tienen los grupos armados.

Además de ese dinero, estarían financiando la seguridad social porque les resulta más barato costear mensualmente la sanidad que, ante una emergencia con uno de los combatientes, cancelar los servicios particulares.

“Cuando uno revisa el tema de pago por seguridad social estamos convencidos de que debe ser sobre lo mínimo, es una estrategia que tiene razón de ser”, dijo el representante de la ONG.

En la práctica, le estarían entregando el dinero para que ellos mismos o sus familias lo depositen ante una entidad certificada. Frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo indicó que está trabajando para reducir los riesgos a los que están enfrentadas las comunidades.

Por su parte, la Gobernación de Antioquia reconoció que en materia de derechos humanos hay varios retos por saldar. En los escenarios que buscan resolver en conjunto con la fuerza pública está el reclutamiento forzado de los menores de edad, desplazamiento forzado, minas y la tasa de homicidios.

Hay retos importes que [son] una prioridad para garantizar la vida de los habitantes de Antioquia y para lo cual hay rutas y planes que desde el departamento se vienen desarrollando en articulación con otras instituciones. Por instrucción del gobernador, seguiremos revisando para fortalecer las líneas de acción para poderles cumplir a las víctimas”, consideró el departamento.

Recientemente, el Ministerio Público lanzó una alerta temprana de inminencia para los municipios de Venecia y Fredonia por la alta probabilidad de que se perpetren atentados contra la vida de las poblaciones de parte del grupo de crimen organizado La Miel, brazo armado del Clan del Golfo.

En particular, el riesgo está motivado por la ocurrencia de homicidios selectivos y colectivos “en el marco de la estrategia ilegal de regulación del orden, mal llamada limpieza social”, le advirtió la Defensoría al Ministerio del Interior.