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Investigan a dos funcionarios de la Alcaldía de Medellín por compra de robot de seguridad

Los empleados están adscritos a la secretaría de Seguridad y Convivencia.


La Personería de la capital de Antioquia dio apertura a una investigación disciplinaria contra dos empleados de la Alcaldía por presuntas irregularidades en la contratación del Sistema Inteligente de Monitorio Integral Móvil, proyecto insignia del plan de seguridad de la administración de Daniel Quintero.

El proceso involucra al gerente de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas, Edwin Muñoz Aristizábal, y a la asesora de la Secretaría de Seguridad y Convivencia municipal, Ana María Betancourt Martínez.

La decisión se tomó luego de que el área de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria de la Personería de Medellín le pusiera la lupa al contrato de adquisición de una serie de elementos tecnológicos con el que se pretendía bajar el índice de delitos.

En agosto de 2021, el alcalde de la ciudad le presentó a la ciudad el moderno sistema, acuñado como el primer policía robot, que prometió disminuir los hurtos que estaban en ese período sobre el 14 %.

De acuerdo con la administración del distrito, este equipo iba a monitorear en tiempo real cualquier punto de Medellín con cámaras de reconocimiento facial y placas con el refuerzo de subsistemas de alertas, luces y audios en doble vía.

Estas cámaras van a permitirnos hacer despliegues en lugares donde tenemos problemáticas crecientes. Si eventualmente en un barrio encontramos que hay un problema de seguridad, podemos desplegar 40 o 50 de estos y poder hacer control de forma permanente sobre ese espacio y recuperar el territorio”, detalló el mandatario local.

Después de analizar los costos y funcionamiento del Sistema Inteligente de Monitorio Integral Móvil, el Ministerio Público encontró méritos para vincular a los dos funcionarios formalmente a un estudio que, de confirmar las sospechas de supuestas anomalías, podrían ser suspendidos del cargo.

Los investigados ya fueron notificados del proceso. En el marco de la actuación, se le respetará el derecho a la defensa y se le garantizará el debido proceso”, argumentó la Personería de Medellín.

Así las cosas, una vez adelantada esta primera etapa, el delegado instructor del proceso, con base en las pruebas recaudadas, tomará la decisión de archivar o formular pliego de cargos.

Otro caso por irregularidades en millonario contrato en la Alcaldía de Medellín

Dos exempleados de la Alcaldía de Medellín fueron imputados como presuntos responsables de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en un acuerdo de venta público que impulsaron en 2015.

El incidente que investiga la Fiscalía ocurrió cuando Aníbal Gaviria Correa, que hoy funge como gobernador de Antioquia, estaba al frente de la administración de Medellín. Al parecer, dos de sus funcionarios habrían intervenido irregularmente en la comercialización de un lote en la Central Mayorista.

Los protagonistas son la exsecretaria de Servicios Administrativos, Vera Cristina Ramírez López, y el entonces subsecretario de Adquisiciones y Desempeño Contractual, Jorge Mario Velázquez Serna.

Mientras estuvieron en el cargo, los señalados gestionaron la venta un terreno de 8.300 metros cuadrados que la administración tenía en el municipio de Itagüí por un saldo menor al que estaba avaluado.

Un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía General de la Nación recolectó elementos probatorios que dan cuenta que, entre el 27 de marzo y el 24 de abril de 2015, los procesados habrían negociado el predio por 19.123 millones de pesos, mientras estaba pesado en más de 34 mil millones de pesos.

“La Fiscalía determinó que, durante este proceso, se omitieron las normas para establecer el valor del referido lote, permitieron que el mismo fuera entregado a un particular por un valor muy inferior al real”, le planteó en el ente acusador al juez que lleva el caso.

Otro de los hallazgos muestra que, el 19 de marzo de 2015, Vera Cristina Ramírez López habría omitido, “de manera arbitraria”, un evalúo contratado por la Alcaldía de Medellín y solicitó otro, presuntamente, el más conveniente para los intereses de los compradores.

A raíz de esta situación, la mujer también deberá responder por la falta punible de prevaricato por acción.