Una masacre de cuatro personas ocurrida hace ocho días, en la noche del viernes 16 de mayo, en la salida de Marinilla hacia el importante corredor turístico de El Peñol y Guatapé, dejó en evidencia una vez más la cruda guerra que sostienen dos bandas criminales en ese departamento.
El Clan del Golfo, que está ad portas de iniciar una histórica ubicación de combatientes en zonas definidas en medio de los diálogos con el gobierno de Gustavo Petro, y la banda El Mesa, cuyo capo ha recibido beneficios también por estar como vocero en la Mesa de Paz Urbana del Valle de Aburrá, han convertido Marinilla y otros municipios del Oriente antioqueño en un escenario de guerra.
El secretario de Seguridad de Antioquia Luis Eduardo Martínez, quien es general retirado de la Policía, lo explicó de la siguiente manera.
“En Marinilla, El Peñol y Guatapé, la situación de orden público es normal, pero en todo el oriente antioqueño tenemos una problemática de tiempo atrás, es la expansión del Clan del Golfo para tratar de lograr el control de la minería ilegal, la extorsión y del microtráfico”, le dijo a SEMANA.
Ese último motivo es el que aseguran en la zona provocó la masacre de la vereda Alto del Mercado, que es un corredor importante para llegar a exclusivas parcelas y fincas de El Peñol y Guatapé, que por su paisaje en inmediaciones del hermoso embalse de Guatapé se convirtieron en los sitios predilectos para la llegada de turistas que buscan fiestas, prostitutas y todo tipo de drogas.
Según fuentes policiales y en el territorio, consultadas por SEMANA, las víctimas -un colombiano y tres venezolanos- fueron señalados de traficar con drogas como el tusi para el Clan del Golfo y fueron asesinadas por hombres de El Mesa.
El temor de algunos habitantes de esos municipios concuerda con la postura de Luis Eduardo Martínez, quien cree que ese tipo de disputas puede darse en cualquier momento en otros municipios de la subregión como Rionegro, La Unión, La Ceja y El Carmen.
“Esos dos son grupos flotantes en el territorio, en cualquier momento se puede dar esa disputa que es entre el Clan del Golfo y El Mesa”, explicó el funcionario, aunque también fue enfático en algo.
“Si usted me pregunta por orden público, la gente puede ir tranquila a El Peñol, a Guatapé, a San Rafael, la gente puede ir sin temor a que las vayan a secuestrar, sin temor a vivir una situación calamitosa como se presentaba hace muchos años”, dijo.
No obstante, el alto funcionario mostró su preocupación por la alta tasa de homicidios que hoy vive el departamento, en el que al 20 de mayo se habían registrado 663 asesinatos, una cifra que triplica al número de asesinatos reportados en Medellín por el Sistema de Información Para la Seguridad y Convivencia (Sisc): 115.
Ahora, según Martínez, es el Oriente, junto al Norte (donde están Yarumal y Briceño, donde asesinaron al periodista Mateo Pérez Rueda) y el Nordeste donde las cifras de homicidios más le preocupan.
En el Oriente se reportaron, con fecha al 20 de mayo, 99 casos, 49,3 por ciento más respecto del año anterior, cuando ocurrieron 67 asesinatos.
“La problemática que vive Antioquia hoy es el enfrentamiento entre esas estructuras criminales, la mayoría de muertos son integrantes de esas estructuras, lo que Antioquia está viviendo es lo que pasó en Medellín entre 2009, 2010, y 2011 cuando la guerra entre Sebastián y Valenciano”, explicó.
El conflicto entre esos dos narcos herederos del poder de alias Don Berna, hoy también extraditados y presos en Estados Unidos como él, le costó a Medellín entre el 2008 y el 2011 cerca de 5.524 vidas, según estimó Corpades en 2012.
En ese entonces, Medellín era otra. Las fronteras invisibles estaban en la mayoría de los barrios, los sicarios se disputaban las extorsiones, el robo de gasolina y el derecho a cometer millonarios hurtos. Hoy la realidad del Oriente antioqueño, aunque similar, es otra.
La gente del Clan del Golfo busca controlar la distribución de drogas como la cocaína, sintéticas como el tusi, el Coco Chanel (por la que mataron a Byron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera (DJ Regio Clown) en México el año pasado, las extorsiones y la minería ilegal que destruye ríos como el Calderas.
“Sobre ese río hay minería de aluvión, va hasta San Carlos, San Rafael y hacia el Magdalena Medio, lo mismo que pasa adentro del municipio de Sonsón”, señaló Martínez.
Esas actividades por las que están enfrentadas esas dos organizaciones están inundando de mercurio el Calderas, como lo evidenció Cornare tras una toma de muestras en varios puntos del afluente en julio de 2025, que establecieron que en Puente Calderas y el caserío El Porvenir los límites del metal superan tres veces el valor permitido.
“Estos resultados representan un riesgo potencial para la salud pública, ya que el mercurio es un contaminante de alta toxicidad que puede generar afectaciones, incluso a bajas concentraciones”, indicó Cornare en un informe conocido por SEMANA.
El problema es que guerras como la que se presenta en el Oriente de Antioquia, para muchos la mejor subregión del departamento por su cercanía con Medellín, por la generación de empleo y sus riquezas naturales en agua, bosques, fauna, flora y hasta oro, se replican en otras subregiones.
“Tenemos una guerra del Clan del Golfo en el Norte, Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena medio con las disidencias de las Farc y el ELN; en el Oriente con El Mesa, en el Suroeste con una cantidad de estructuras delincuenciales: Los Pacheco, La Terraza, La Miel y una banda llamada Carne rancia, por rentas criminales y eso genera muertos”, explicó Martínez.
Por eso, han tomado algunas medidas. Por ejemplo, ofrecieron 200 millones de pesos entre la Alcaldía de Marinilla y la Gobernación de Antioquia para tratar de identificar y capturar a los culpables de la masacre de la vereda Alto del Mercado.
“También pedimos a la fuerza pública acciones operacionales como el incremento de presencia del Ejército y Policía en Marinilla y en otros municipios que hemos priorizado, instalación de puestos de control móviles en corredores estratégicos, fortalecimiento de patrullajes y operaciones conjuntas, porque se necesita ver a la Policía y el Ejército patrullando, haciendo acciones, intensificando allanamientos, para recuperar la confianza en las autoridades”, dijo el funcionario.
Además, pidió que se elabore un cartel regional de los criminales más buscados en del Oriente, fortalecer el análisis de las cámaras de seguridad, hacer un análisis forense para mirar antes, durante y después de esa masacre para obtener material probatorio y, quizá lo más importante, se destinó un fiscal especializado para que lidere las investigaciones.
Incluso, llamó a que se destinen canales de comunicación para que los habitantes de estos municipios puedan interponer denuncias con mayor facilidad y sin exponerse para que las autoridades puedan actuar con mayor celeridad.
Y celebró que el Consejo de Estado haya decretado las medidas cautelares de urgencia para que se frenen las suspensiones de órdenes de captura a siete capos de bandas del Valle de Aburrá, entre quienes está alias el Montañero, el cabecilla de El Mesa que tras pagar años de cárcel recuperó la libertad.
Sin embargo, Martínez también cuestionó al gobierno nacional. “Son mucho los oficios enviados al gobierno nacional pidiéndole acciones diferenciales para la seguridad en el departamento, son más de 100, pero nunca hemos podido que esas peticiones sean escuchadas favorablemente”, expresó.
“Algunas tienen respuestas, pero son muy gaseosas, no responden a nuestros requerimientos”, añadió.
Esas peticiones son fortalecer la fuerza pública con capacidades diferenciales desde el orden nacional, establecer burbujas operacionales desde el Ministerio de Defensa para atacar de una manera directa, contundente, focalizada y sostenida a los delincuentes.
“Es que tenemos como meternos a Briceño y erradicar de una vez por todas el problema del frente 36, eso es una decisión política, pero el gobierno no la acata, no la toma”, concluyó.