El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, aseguró que varios de los implicados en el presunto entramado de corrupción que investiga la Fiscalía por hechos ocurridos en la pasada administración estarían colaborando con la justicia.
“Los que hicieron parte de un gran concierto para delinquir ya empezaron a cantar. Bienvenida la colaboración con la Justicia: que cuenten todo: quién coordinó la estructura criminal, quién ordenó, quién firmó y quién cobró. Todos sabemos quién fue. Pero que ya sea la justicia quien lo diga”, afirmó el mandatario.
Las declaraciones se producen en medio de las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en contratos celebrados durante el gobierno del exalcalde Daniel Quintero Calle, especialmente en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. En ese proceso judicial, el ente acusador imputó a decenas de exfuncionarios y particulares por delitos como peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir.
Uno de los ejes del caso está relacionado con varios contratos suscritos entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, que, según la Fiscalía, habrían sido tramitados con presuntas irregularidades en estudios previos, planeación y ejecución. Las investigaciones buscan determinar si existió un direccionamiento indebido y un posible detrimento patrimonial.
De acuerdo con información oficial, ya son 55 los imputados dentro de este proceso, entre ellos quien sería señalado como el presunto líder de la estructura investigada. “La corrupción se persigue hasta el último eslabón. La plata pública es sagrada y los que se robaron a Medellín tienen que pagar. Ya van 55 imputados, incluyendo el jefe de la banda. Y esperamos que continúen los procesos de extinción de dominio”, sostuvo el alcalde.
En el desarrollo de las audiencias, algunos de los procesados han manifestado su intención de acogerse al principio de oportunidad, figura jurídica que permite a un investigado colaborar con la justicia a cambio de beneficios procesales, siempre que entregue información relevante y verificable para el esclarecimiento de los hechos.
Para la administración actual, esa colaboración podría ser determinante para establecer la cadena completa de responsabilidades. “Que se conozca quién coordinó la estructura criminal, quién dio las órdenes y quién terminó beneficiándose de los recursos públicos”, reiteró Gutiérrez, quien insistió en que su gobierno acompañará los procesos judiciales con la información requerida.
Las indagaciones no se limitan a un solo contrato. En los últimos meses, la Fiscalía avanzó en varios frentes relacionados con decisiones administrativas adoptadas entre 2020 y 2023, incluidas actuaciones urbanísticas y contractuales que hoy son objeto de análisis penal y disciplinario.
El mandatario local enfatizó que el combate contra la corrupción no tiene distinciones políticas. “Aquí no se trata de persecuciones personales, se trata de que la ley se cumpla. Medellín no puede tolerar que los recursos destinados a la gente terminen en manos de estructuras ilegales”, declaró.
Mientras avanzan las audiencias y se definen eventuales acuerdos de colaboración, los procesos de extinción de dominio sobre bienes que estarían vinculados a las investigaciones continúan en curso. Las autoridades judiciales deberán determinar la responsabilidad individual de cada implicado y establecer si existió una estructura organizada para apropiarse de recursos públicos.