La Superintendencia de Salud anunció una auditoría en el Rosario Pumarejo, para conocer el estado de las deudas del departamento con ese hospital. | Foto: Archivo Particular

Nación

Anestesiólogos en crisis: les deben al menos 2.000 millones de pesos en salarios

Agremiaciones médicas alertaron por la crítica situación de profesionales a quienes les adeudan salarios desde hace meses.

15 de junio de 2021

La Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (SCARE) y el sindicato Anestesiólogos Unidos y Talento en Salud del Cesar (Anessalud) denunciaron que a los anestesiólogos de dos instituciones de Valledupar y Cali les adeudan millones de salarios pendientes.

En el caso de la capital del Cesar, se trata de la situación de los trabajadores del hospital Rosario Pumarejo de López, quienes aseguran que les adeudan $1.459.904.810 en salarios que desde 2018 no reciben de manera regular, a pesar de los paros y protestas adelantadas, y los llamados de entidades gubernamentales.

Los anestesiólogos dicen que la situación es imposible de sostener por más tiempo. De acuerdo con Manuel Castillo, profesional del hospital, en lo que va corrido del 2021 han recibido un sólo pago, por lo cual los gastos familiares básicos de alimentación y servicios son casi imposibles de pagar.

De la misma forma, Ketty Maestre, médica de la institución, denuncia que tiene que pagar el colegio de sus hijos, pero no encuentra cómo, pues hace semanas no recibe su sueldo.

De todas formas, Mauricio Chinchilla, médico anestesiólogo del Rosario Pumarejo de López, señala que han seguido trabajando por la comunidad y que él, así como sus colegas, tiene buena voluntad. “Pero en estos momentos estamos cansados, estamos ante una situación de dificultad con los pagos y ya se nos sale de las manos, porque es mucho dinero y necesitamos un mínimo vital para poder trabajar y poder subsistir con nuestras familias”, señala con angustia.

Según el presidente de Anessalud, Ramiro Rocha, el hospital presenta un abandono absoluto. “Nosotros creemos que la Gobernación y los entes gubernamentales son apáticos con la situación del hospital y del personal que trabaja para la comunidad, llevamos meses sin recibir salario, y pedimos una solución definitiva ante la problemática crónica que presenta la institución”, considera el profesional.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud informó recientemente a SCARE que durante marzo y noviembre del 2020 se asignaron recursos al hospital y se giraron más de 15.000 millones de pesos para el pago de obligaciones con el talento humano en salud tanto de planta y con los contratistas. Sin embargo, la sociedad asegura que las directivas de la institución no han girado este recurso para saldar la deuda con los médicos, alegando un déficit y un embargo en sus cuentas.

En la capital del Valle del Cauca, hay una situación similar, según SCARE, que señaló también que los anestesiólogos del Hospital San Juan de Dios en Cali tienen la misma problemática desde junio de 2020.

Allí, la deuda ascendería a $721.485.630, de acuerdo con la información enviada por la sociedad a los entes territoriales y gubernamentales.

“El núcleo de anestesia del Hospital San Juan de Dios de Cali, compuesto por 11 anestesiólogos, lleva años prestando su servicio en la entidad, pero también desde hace varios años lucha porque la gerencia del Hospital cumpla con las promesas de pago, siendo una situación compleja pues no ha logrado estabilizarse en la cancelación de las facturas cumplidamente. El hospital debe facturas y cuentas de cobro a algunos anestesiólogos desde el mes de junio de 2020, a otros desde el mes de agosto del mismo año, pero ninguna es inferior a los 8 meses”, dice el documento enviado a las autoridades por parte del gremio.

El llamado de SCARE es a que se propicie un espacio con entidades como la la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud, la Contraloría, entre otras, para establecer las medidas necesarias de verificación, con el objetivo de garantizar el flujo de los recursos financieros y la revisión del dinero que llega a estas instituciones de salud, que sean priorizados para pagar los sueldos al talento humano en salud y así puedan garantizar las condiciones mínimas laborales según lo indica la ley.