Colombia es un país con 135.396 personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado y los recursos para encontrar a esos ciudadanos son cada vez más escasos dentro del Presupuesto General de la Nación, sin importar cuál haya sido la administración de la Casa de Nariño que trazara esos montos.
El Estado asumió ese compromiso con la firma del acuerdo de paz en 2016, que abrió paso a la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, una entidad que no depende del Gobierno nacional para tomar decisiones en su día a día, pero que sí necesita de los recursos del erario que le asignen para cada anualidad.
El problema es que la realidad presupuestal de esa unidad es cada vez más compleja y la entidad se ha visto obligada a operar en medio de carencias. SEMANA conoció cifras que indican que el déficit acumulado de inversión que se reportó entre 2019 y 2025 corresponde a 124.719 millones de pesos.
En otros términos: en esos siete años se fueron sumando vacíos presupuestales entre los montos que solicitaba la entidad para poder operar y los que le fueron realmente asignados dentro del presupuesto anual del Estado. El problema, incluso, persiste porque para 2026 el Gobierno de Gustavo Petro dejó de asignar 28.210 millones de pesos que se necesitaban para cubrir las necesidades básicas de operación en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, lo que hace que esa tarea tenga que ejecutarse, una vez más, con saldos en rojo.
La búsqueda de un desaparecido no tiene un tiempo fijo en el que se pueda garantizar que existirá un resultado concluyente. En casi nueve años desde que el Estado asumió esa misión, se han recuperado 4.333 cuerpos, se efectuaron las entregas de 646 restos de personas fallecidas en el marco del conflicto, que llevan el nombre de “entregas dignas”, y otros 465 colombianos fueron hallados con vida y reconectados con sus familias.
Aunque el presidente Gustavo Petro ha afirmado tener un compromiso con la reparación de las víctimas del conflicto armado, lo que pasa obligatoriamente por permitir a las familias encontrar o despedir dignamente a sus desaparecidos, lo cierto es que durante su administración se concretó la inversión más baja para ese propósito.
Los números son claros: aunque en términos nominales el presupuesto de inversión en los últimos tres años ha sido prácticamente el mismo (alrededor de 76.000 millones de pesos), en términos reales se dio una caída consecutiva del poder adquisitivo, que golpea directamente la capacidad operativa.
La búsqueda de desaparecidos tiene un mandato que va hasta 2038. Mientras llega esa fecha, la unidad podrá hacer exploraciones en cementerios, tierras y cada rincón del país para encontrar indicios que den con el paradero de los seres queridos de las 36.278 solicitudes de búsqueda que esperan solución. En este tiempo se han encontrado alrededor de 13.441 lugares de interés forense, pero explorarlos requiere de recursos que cada vez son más escasos.