Críticas al canciller por firmar contrato de licitación de pasaportes: señalan que Thomas Greg & Sons tendría posibles sobrecostos

Que se trata de una “jugadita” del Gobierno de Gustavo Petro y que hay un posible riesgo de sobrecostos en los contratos con el oferente. Esas son algunas de las críticas que le han caído al canciller, Álvaro Leyva Durán, después de que él mismo decidiera firmar un nuevo contrato con la firma Thomas Greg & Sons para la expedición de pasaportes.

La licitación había sido declarada como desierta, pese a que se habían presentado 17 oferentes. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores decidió otorgarle ese contrato a dedo a esa compañía, argumentando una urgencia manifiesta en el país: Colombia estaba a horas de quedarse sin cómo seguir imprimiendo esos documentos.

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal cuestionó “las ‘jugaditas’ del Gobierno Petro. Hablan de la necesidad de transparencia en el proceso del contrato de pasaportes para la Cancillería y, una vez desierto el proceso, usan la emergencia manifiesta para darle a dedo el contrato a Thomas Greg & Sons”.

Por su parte, el senador de la Alianza Verde Jota Pe Hernández llamó la atención sobre que “la empresa Thomas Greg & Sons no solo tiene el contrato de los pasaportes, sino que también tiene más de 1 billón de pesos contratados con la Registraduría a través de diferentes uniones temporales”. El congresista señala que encontraron “unos sobrecostos impresionantes”.

¿Qué pasó con el contrato de los pasaportes en Colombia?

El problema es que este mismo lunes 2 de octubre vencía el contrato que ya tenía esa compañía con el Estado colombiano para la producción de pasaportes y el país estaba a punto de quedarse sin cómo producir ese documento necesario para los ciudadanos interesados en efectuar viajes internacionales.

Entonces, la Cancillería decidió usar el mecanismo de la declaratoria de urgencia manifiesta para hacer una contratación directa, a dedo, con ese oferente, que terminó extendiendo la licitación que ya se tenía con ellos por un año más.

Es más, el propio Gobierno Petro y simpatizantes del Pacto Histórico habían cuestionado que Thomas Greg & Sons continuara con ese millonario contrato.

Sin embargo, las versiones oficiales que han trascendido hasta ahora indican que esa compañía sería la única que contaría con la experiencia necesaria para seguir respondiendo a la demanda en la expedición de ese documento en todo el territorio nacional.

¿Por qué la Cancillería otorgó el contrato a dedo?

El Ministerio de Relaciones Exteriores detalló que “el contrato celebrado bajo la urgencia manifiesta, figura contenida en las normas contractuales vigentes que habilita a cualquier autoridad administrativa contratar directa e inmediatamente bienes y servicios que se requieran para conjurar situaciones relacionadas con hechos, entre otros, de fuerza mayor o que imposibiliten acudir a los procesos de selección o concursos, permite desarrollar el nuevo proceso de licitación pública con el pleno de las garantías”.

El riesgo de que Colombia se quedara sin cómo seguir expidiendo los pasaportes había generado un caos en las oficinas del Gobierno que prestan ese servicio, con filas interminables de usuarios que estuvieron acudiendo a esos despachos durante los últimos días para intentar solicitar ese documento.

Ante esa demanda, el despacho que dirige Álvaro Leyva aclaró que: “El pueblo colombiano puede tener la seguridad de que el servicio de pasaportes se seguirá prestando con total normalidad, superando cualquier inconveniente que exista en el proceso de citas y de expedición de estos, en garantía de los derechos fundamentales de los colombianos”.

La Cancillería asegura que “está garantizada la continuidad del servicio de pasaportes en Colombia y en el exterior” y culpa directamente al Gobierno de Iván Duque por los problemas que surgieron durante este proceso de licitación.

El Ministerio sostuvo que “durante la administración pasada, no se adelantó el proceso licitatorio, a pesar de ser conocidas las fechas de terminación de dicho contrato, y se procedió a prórrogas y adiciones en un comunicado”.

La conclusión de la Cancillería es que “para mantener la prestación del servicio, una vez que se posesionó la administración actual, era evidente la necesidad de continuar con las prórrogas y adiciones mientras se tramitaba el proceso licitatorio, quedando como última prórroga posible el 02 de octubre de 2023, dado que el contrato no permite adición alguna por agotamiento de recursos presupuestales”.