Los casos de acoso laboral en el Gobierno que están bajo la lupa del Ministerio del Trabajo; se convocaría a mesas de diálogo

Una lista de casos de acoso laboral que fueron denunciados en su momento por trabajadores de distintas entidades del gobierno de Gustavo Petro han generado indignación por la forma en la que son tratadas las personas, en medio del temor a las represalias; situaciones que fueron publicadas por SEMANA y hoy están en la mira del Ministerio de Trabajo.

El más reciente escándalo de este tipo de conducta fue el protagonizado por la gerente general de Artesanías de Colombia, Adriana María Mejía Aguado, pues en su contra hay quejas por supuesto maltrato laboral en la entidad que fueron conocidas por esta revista.

A esto se suma ahora el vergonzoso caso de la controversial representante Susana Gómez, conocida como Boreal, quien deberá responder por maltrato ante la Procuraduría. En un auto de 79 páginas, el Ministerio Público decidió llevarla a juicio tras encontrar sustento en la queja de sus trabajadores que la señalan de maltrato.

A estas situaciones que tienen en el escarnio público a Mejía Aguado y a Gómez les anteceden otros hechos ocurridos en el Ministerio de Salud, Colpensiones, Centro de Memoria Histórica y la Unidad Nacional de Protección (UNP), que no están exentos de estas denuncias.

Un panorama que no deja bien parado al gobierno del cambio con quienes representan las ideas de Petro y en medio de una reforma laboral, presentada de nuevo al Congreso, en la que se piden más derechos para los trabajadores.

Mesas de diálogo

Debido a la tensa situación que se está presentando en las instituciones y entes del Gobierno, por lo que está ocurriendo al interior de estas con los trabajadores, el Ministerio del Trabajo empezará a concertar unas mesas de diálogo laboral, como un espacio de acercamiento entre las partes involucradas para analizar los casos, buscar soluciones y prevenir situaciones similares.

Un primer paso lo dio la ministra del Trabajo, Gloria Ramírez, al reunirse con la directora del Centro de Memoria Histórica, María Gaitán Valencia, en la que “se destacó la importancia de un trabajo interinstitucional a favor del fortalecimiento del diálogo y rutas para la promoción de entornos laborales seguros”, señala la cuenta X del ministerio.

A esto le sigue que el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio de Trabajo, Edwin Palma, convocó a Gaitán Valencia a una mesa de trabajo para abordar los temas relacionados con el acoso laboral.

El objetivo es que con estas mesas se zanjen los problemas de ambiente laboral, pero fuentes oficiales del Ministerio del Trabajo señalaron que si no se llega a acuerdos, le corresponde a la Procuraduría abrir procesos disciplinarios, como el ocurrido con la senadora Gómez.

“Que todos los casos, cualquiera de los casos en que exista acoso y maltrato en el #trabajo deben ser investigados y sancionados conforme a las normas vigentes. Sea en el sector público o sea en el sector privado. Siempre lo hemos dicho”, mencionó el viceministro en su cuenta de X.

Además, señaló que en todos los casos denunciados están actuando con los mecanismos señalados en la ley.

“Tratándose del sector público, la competencia de @MintrabajoCol es limitada y en todos los casos denunciados estamos actuando y activando los mecanismos previstos en la ley”, dijo.

Los casos que también están en la lupa del ministerio

El Ministerio del Trabajo igualmente adelantaría mesas de trabajo ante estas denuncias:

1. Artesanías de Colombia

Uno de los más sonados y que se dio a conocer por SEMANA fue el de Adriana María Mejía Aguado, gerente general de Artesanías de Colombia, entidad encargada de promover a los artesanos del país, quien sigue estando en el ojo del huracán. En las declaraciones entregadas a la Fiscalía por Nicolás Petro, el hijo del presidente dijo que Mejía Aguado habría llevado dinero en efectivo en su maletín en medio de la pasada campaña electoral.

Una fuente que sabe del caso dijo que ella es conocida por sus malos tratos, al punto que varias personas han reportado afectaciones psicológicas y renunciaron por esos hostigamientos. Incluso hay funcionarios que han tenido que acudir al médico y han resultado hospitalizados por los malos tratos.

Hablan de un “régimen del terror”: “La definiría como una militante hardcore. Es petrista hasta la médula”, aseguró una persona que ha conocido lo que sucede internamente, pero que pidió reserva de su nombre porque teme represalias.

El mayor problema de Aguado por ahora está relacionado con los constantes gritos y malos tratos a los trabajadores de distintas áreas.

Mejía Aguado llegó a Artesanías de Colombia por su cercanía con la familia presidencial. Algunas fuentes aseguraron que es más íntima de Verónica Alcocer que del presidente.

2. Colpensiones

La salida masiva de personal de Colpensiones y la renuncia de algunos directivos, a solicitud del presidente Jaime Dussán, llamó la atención de la Procuraduría General de la Nación, que inició vigilancia preventiva sobre el proceso de desvinculación que se está dando en la entidad.

A esto se une que el pasado 9 de agosto, la Unión Nacional de Trabajadores de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpeunidos) solicitó la renuncia de Jaime Dussán, a la presidencia de Colpensiones, por los escándalos que se desataron desde su llegada al cargo. Por medio de una carta dirigida al presidente Gustavo Petro y a la ministra del Trabajo, los funcionarios explicaron la falta de idoneidad del dirigente del Polo Democrático.

3. Ministerio de Salud

El pasado 3 de noviembre, en medio de la aguda crisis que enfrenta actualmente el sistema de salud en Colombia, el sindicato Asoness le envió una carta al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, en la que realiza una serie de denuncias relacionadas con maltrato laboral, persecución a trabajadores de planta, destecnificación de la entidad, falta de planeación y desprecio por las normas.

De acuerdo con el documento de Asoness, “se han venido normalizando casos de maltrato verbal y acoso laboral que en su mayoría no se denuncian formalmente debido al obvio temor que sienten los funcionarios a posibles represalias y la revictimización al hacer públicas las denuncias, especialmente a aquellas personas vinculadas por prestación de servicios y funcionarios de planta no sindicalizados”.