El incremento del salario mínimo decretado este lunes, 29 de diciembre, por el Gobierno nacional para 2026 abrió un nuevo frente de tensión con los principales gremios empresariales del país.
Tanto la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) como la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) cuestionaron con dureza la decisión, que calificaron de unilateral, desproporcionada y con efectos adversos para la economía, el empleo y las finanzas públicas.
Sobre incremento del salario mínimo decretado para 2026:
— ANDI (@ANDI_Colombia) December 30, 2025
“Se generan grandes riesgos para los hogares y la economía colombiana especialmente sobre la inflación y los precios de múltiples bienes y servicios, el empleo, y hasta las finanzas públicas”: ANDI.#MásPaísANDI pic.twitter.com/u77oXg93Uy
Desde la Andi, el principal reparo apunta a la forma en que se definió el aumento. El gremio sostiene que el Gobierno se apartó del principio de concertación tripartita que ordena la Constitución y la ley, al excluir en la práctica a empleadores y trabajadores de una discusión técnica y abierta en la Comisión de Concertación de Políticas Laborales.
Para la asociación, esta falta de diálogo no solo rompe con las reglas institucionales, sino que incrementa los riesgos macroeconómicos en un contexto marcado por presiones inflacionarias y restricciones fiscales.
Uno de los puntos más sensibles señalados por la Andi es el impacto fiscal del incremento. Según sus estimaciones, cada punto porcentual adicional en el salario mínimo implicaría cerca de 400.000 millones de pesos en mayor gasto público, una cifra que tensiona aún más las cuentas del Estado en momentos en que el propio Gobierno ha hablado de emergencia económica.
A esto se suma la advertencia sobre el efecto inflacionario que tendría el ajuste, especialmente en una economía altamente ligada a las variaciones del salario mínimo, donde múltiples bienes, servicios y tarifas se ajustan automáticamente con base en este indicador.
Tras conocerse la cifra anunciada por el presidente Petro, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, afirmó que la mesa de concertación del salario mínimo fue una “farsa y una burla” para los empresarios y los colombianos. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/jzQcv4Dl3o
— Revista Semana (@RevistaSemana) December 30, 2025
Fenalco, por su parte, fue aún más contundente en su pronunciamiento. El gremio de los comerciantes aseguró que el aumento del 23 % confirma que la decisión estaba tomada de antemano y que la mesa de concertación fue apenas un trámite formal sin incidencia real.
“La mesa fue una farsa y una burla institucional para el sector productivo del país”, así lo aseguró Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio de los comerciantes.
Para la organización, el ajuste responde a una lógica populista y electoral, desconectada de las variables técnicas, la productividad y la realidad económica del país.
El gremio advirtió que el incremento generará una ilusión de mayor ingreso nominal para los trabajadores, pero que en la práctica se traducirá en un aumento generalizado del costo de vida, erosionando el poder adquisitivo de los hogares, especialmente los más vulnerables.
Además, alertó sobre el impacto directo en las empresas, en particular en las micro, pequeñas y medianas, que representan la mayoría del tejido empresarial. Con el nuevo salario, un empleador deberá asumir cerca de tres millones de pesos mensuales adicionales por trabajador en costos salariales, parafiscales y prestacionales.
Tanto la Andi como Fenalco coincidieron en que la combinación de este aumento con otras reformas en trámite o ya aprobadas podría derivar en más informalidad, pérdida de empleo formal y cierre de empresas.
A su juicio, la decisión no solo afecta al sector productivo, sino que termina trasladando sus efectos negativos a los mismos trabajadores que se busca beneficiar, en un escenario de menor crecimiento económico y mayor presión sobre los precios.