El denominado Grupo de los 38 juristas se refirió a la decisión que tomó el Tribunal Superior de Bogotá en contra de Abelardo de la Espriella y su campaña, en la que le prohíben utilizar la camiseta de Colombia y las frases “firmes por la patria” y “defensores de la patria”.
Según argumentaron los abogados, esos mensajes de campaña no son directamente la bandera, el escudo y el himno, por lo que no consideran que como tal sean símbolos patrios.
“Se trata de una expresión política amparada, en principio, por las libertades de expresión y de participación que la Constitución garantiza a todos los ciudadanos y, con especial intensidad, a quienes compiten en una contienda electoral”, aseguraron.
Asimismo, dijeron que las prohibiciones a los símbolos patrios en medio de la propaganda electoral no podrían extenderse a una asociación de palabras o consignas que evoquen a sentimientos patrióticos.
De otro lado, reclaman que el mecanismo de la tutela se esté utilizando para estos casos, pues se trata de un recurso que hay en la Constitución Política para la protección inmediata de derechos fundamentales, que no se estarían vulnerando en este caso puntual.
“La controversia sobre la legalidad de la propaganda electoral del candidato es justamente un asunto para el cual el ordenamiento ha previsto una autoridad y unos cauces específicos”, dijeron los abogados.
Este grupo reclamó porque esa medida provisional estaría vulnerando los derechos políticos del candidato y de los colombianos que se identifican con ese proyecto y los derechos fundamentales de los ciudadanos a elegir y ser elegidos en condiciones de igualdad y su derecho a la libre expresión.
“Restringir la propaganda electoral y el lema de campaña de un candidato presidencial, instrumentos inescindibles del ejercicio efectivo del derecho a ser elegido y de la libertad de expresión electoral, mediante una decisión judicial carente de fundamento jurídico real y en plena contienda democrática, equivale a menoscabar el núcleo esencial de esos derechos”, reclamaron.
De otro lado, dicen que los tarjetones para las elecciones de segunda vuelta ya están siendo impresos, por lo que una decisión de este tipo podría llevar a que tuvieran que rehacerse, generando mayores gastos para el Estado y para todos los colombianos.
“Este Grupo reitera que las decisiones judiciales merecen respeto y que su cuestionamiento debe darse por los cauces institucionales, de modo que el disenso que aquí se expresa es estrictamente jurídico y no constituye aval a ninguna candidatura ni descalificación personal del funcionario judicial. Pero precisamente por respeto a la administración de justicia debe decirse con claridad que la tutela no puede convertirse en instrumento de intervención en la contienda electoral. La equidad de la competencia política y la confianza ciudadana en la imparcialidad de los jueces exigen que cada institución actúe dentro de la órbita de sus competencias”, afirmaron los abogados.