El Gobierno nacional y el gremio de la seguridad protagonizan una nueva disputa sobre las implicaciones del incremento del salario mínimo del 23 % en el aumento de los costos de la vigilancia privada que utilizan los edificios, residenciales y empresariales, en todo el país.
El Ejecutivo asegura que el incremento del costo de ese servicio no puede ser equivalente al aumento del salario mínimo e invitó a las asambleas de copropietarios a tomar como referencia para aplicarlo el índice de precios al consumidor acumulado durante 2025, indicador que se ubicó en 5,1 % durante todo el año.
Cada año las juntas administrativas de los conjuntos residenciales se reúnen para determinar en cuánto quedará la cuota de administración que pagan todos los copropietarios cada mes, una decisión que está siendo informada a los residentes durante estas primeras semanas del año.
El gremio de seguridad y vigilancia aseguró que las afirmaciones del jefe de Estado “inducen al error” porque la tarifa de seguridad está amarrada a cuatro decretos en donde se determinó que esos valores se expresan en términos del salario mínimo. Todos ellos corresponden a normativa vigente.
“En Colombia, la tarifa del servicio de vigilancia privada se indexa por salario mínimo, precisamente para impedir que el servicio se sostenga recortando derechos del personal operativo o degradando la operación. Esta tarifa no tiene margen libre ni discrecional, es una tarifa mínima obligatoria, definida oficialmente por la Superintendencia, que depende del Ministerio de Defensa, para asegurar legalidad, formalidad y sostenibilidad del servicio”, aseguraron once gremios del sector.
El presidente Petro se opone tajantemente a la postura de los empresarios y hasta propuso que las juntas administradoras presenten propuestas a sus proveedores del servicio de seguridad sobre este asunto. “La orden de la Constitución es un mercado en competencia. La regulación estatal no es para indexar ganancias al salario vital. Eso debe cambiar de inmediato. Las cuotas de administración son establecidas por la asamblea de propietarios y la administración de edificios y conjuntos debe presentar diversas propuestas de compañías de seguridad”, escribió el jefe de Estado.
Los copropietarios ya están sintiendo los impactos de ese incremento porque los salarios de los vigilantes y el personal de aseo están comúnmente anclados al salario mínimo mensual vigente, por lo que ya los residentes están recibiendo notificaciones en las que el incremento de la cuota administradora se ubica en rangos cercanos al 20 %, siguiendo la línea del aumento del salario mínimo que debe pagársele a los trabajadores de los edificios.
Petro, incluso, habló de los costos de la vivienda afirmando que “el valor de producir vivienda es el de los costes materiales y laborales de producirla más la renta del suelo y financieras, por tanto, la apreciación del peso debe impactar el valor en los precios de importados que van a la baja, el Ministerio de Comercio debe examinar la política de aranceles frente a los costos de la vivienda”.
Los gremios de seguridad le dijeron al jefe de Estado que el sector emplea a 400 mil personas de manera formal y que la utilidad de este servicio no supera el 4 %. El gremio le pidió a la Superintendencia de Vigilancia Privada que aclare ante la opinión pública cómo debe quedar la tarifa para 2026.
