El presidente Gustavo Petro le respondió a varios de sus críticos que han cuestionado las implicaciones del incremento del salario mínimo en un 23% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para este 2026, pues desde varios sectores le han reclamado que la subida de los sueldos impactará de forma directa en el precio que pagan los colombianos por bienes y servicios.
Una de esas réplicas fue contra el periodista Ricardo Galán, quien cuestionó en su cuenta de X que ahora el Gobierno esté buscando sacar a los ciudadanos a las calles para protestar contra el fenómeno del alza de bienes y servicios que, a su juicio, fue causado por el poder Ejecutivo.
“La inflación de Colombia no se produce por la masa monetaria, ni por el salario, se rige por el costo de los alimentos”, se defendió Petro.
Y es que en el primer consejo de ministros televisado de este año, que se desarrolló en la noche del miércoles, el mandatario sacó los números de los precios de los alimentos en la principal central de abastos del país, Corabastos, para sustentar su hipótesis de que la inflación no ha resultado impactada.
“Si en este momento Corabastos dice que el precio de los alimentos es estable, entonces no tenemos perturbaciones de precios en general por el salario vital", alegó el mandatario. Lo cierto es que los números presentados por el presidente corresponden a estadísticas previas al primer pago de quincena del año para los trabajadores formales.
Mi querido periodista ayer mi alocución pública mostró con los datos de los precios de los alimentos en este momento, que se mantienen estables y entonces el salario vital solo está afectando marginalmente los precios generales de la economía.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 15, 2026
Los precios de la economía son… https://t.co/2KGYhRBr0a
Pero la cuestión del valor de los alimentos no es el único asunto que está tocando el bolsillo de los colombianos. Desde el gremio camionero ya reclaman que están viviendo un incremento en sus costos operativos por el aumento en la tarifa de los peajes, indicador que está anclado al IPC del 5,1%, que se acumuló durante 2025, pero el mandatario lo niega.
“El mayor costo de la operación de un camión es el combustible y las llantas, el combustible diésel lo subsidiamos y lo importado tiende a bajar de precios”, alegó Petro.
La cuestión del incremento en los precios de la administración que pagan los copropietarios del país en edificios residenciales y empresariales ha sido otro de los asuntos más álgidos en ese debate.
Esa tarifa se utiliza para pagar los salarios del personal de vigilancia y aseo, quienes por ley se ganan, al menos, un salario mínimo legal mensual. De ahí que varias administraciones hayan aplicado aumentos a la cuota mensual cercanos a ese 23% que se incrementó el salario mínimo para este año.
“Eso debe cambiar de inmediato. Las cuotas de administración son establecidas por la asamblea de propietarios y la administración de edificios y conjuntos debe presentar diversas propuestas de compañías de seguridad. La SIC debe investigar siempre posibles cartelizaciones”, sostuvo Petro.
Las compañías del sector de vigilancia y seguridad fueron claras: la tarifa de su servicio está regulada por varias normas que hacen que esté indexada al salario mínimo y no a la subida del IPC y hasta le pidieron a la Superintendencia de Vigilancia pronunciarse sobre cómo debe operar el sector a partir de este 2026.
