El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, no pudo remar más para sostenerse en su alto cargo ejecutivo y terminó este martes, 7 de abril, por acudir a una estrategia que venía pavimentando desde hace varias semanas: solicitar vacaciones —tenía tres períodos acumulados— y pedir una licencia no remunerada para defenderse de sus líos judiciales.
Estará hasta julio fuera de su cargo, ganará tiempo y regresará para rematar los últimos dos meses en el gobierno del presidente Gustavo Petro. En ese momento, ya habrá presidente(a) elegido y su permanencia definitiva en el cargo tendrá que sortearla la nueva administración.
Roa se movió políticamente hasta último momento, pero su permanencia en la presidencia de Ecopetrol se volvió insostenible. De nueve integrantes de la junta directiva, solo cuatro estaban de su lado.
Este jueves, 9 de abril, la Fiscalía adelantará la segunda imputación de cargos en su contra, en esta oportunidad porque cuando fue gerente de la campaña presidencial de Petro en 2022, al parecer, violó los topes electorales establecidos por la ley.
El escenario judicial que le espera a Roa no es el mejor.
Una cosa es la primera imputación judicial, en la que lo cuestionaron por la compra de su millonario apartamento, remodelación y un presunto favorecimiento en Ecopetrol, donde él dice tener todas las pruebas a su favor. Otra distinta es la violación de topes.
SEMANA conoció que gran parte de las pruebas que tiene la Fiscalía fueron las mismas que documentaron durante dos años los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, del Consejo Nacional Electoral, y que llevó a la sala plena a confirmar la sanción económica por 5.300 millones de pesos por violación de topes y financiación irregular en la campaña presidencial de Petro.
Las pruebas testimoniales y documentales juegan en contra del presidente de Ecopetrol. De hecho, Colombia Humana, el partido que fundó el presidente Gustavo Petro, aceptó los cargos en su contra y pagará más de 1.000 millones de pesos de la sanción.
Como si fuera poco, este miércoles, 8 de abril, la sala plena del Consejo Nacional Electoral votará definitivamente la millonaria sanción en contra de la campaña presidencial de Petro. La resolución de sanción inicial se profirió en octubre de 2025, pero Roa y su artillería jurídica presentaron varios recursos judiciales.
La decisión final quedará en manos de los nueve magistrados y, tal y como están las cosas, lo más probable es que reconfirmen la sanción administrativa en su contra. Y en ese momento, el presidente de Ecopetrol tendrá que pagar parte de los 5.300 millones de pesos.
Además de la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral, el presidente de la compañía petrolera también debe responderle al procurador Gregorio Eljach porque su organismo disciplinario le abrió una investigación por un presunto conflicto de intereses, “por aparentes irregularidades derivadas de la compra, antes de posesionarse en ese cargo, de un apartamento a la empresa Princenton International Holding, cuyo representante legal para la época de los hechos era Serafino Iacono”.
Para la Procuraduría, el funcionario “pudo estar incurso en un conflicto de intereses, dadas las gestiones adelantadas y la toma de decisiones que adoptaría la empresa de petróleos en el giro ordinario de sus negocios, que involucrarían los intereses de firmas, empresas o sociedades que han tenido vínculos directos o indirectos con el señor Serafino Iacono”.
Por todos lados, Ricardo Roa tendrá que apagar varios incendios.