Tras el reinicio de las labores de las altas cortes, la candidata presidencial Paloma Valencia solicitó formalmente a la Corte Constitucional la suspensión del decreto de emergencia económica expedido por el presidente Petro, al considerar que no cumple con los requisitos exigidos por la Constitución para la declaratoria de un estado de excepción.
Según Valencia, no existe un hecho grave, sobreviniente ni imprevisible, que justifique el uso de esta herramienta extraordinaria. En ese sentido, sostuvo que el Ejecutivo habría recurrido a la emergencia económica como un mecanismo para imponer por decreto una reforma tributaria que no logró ser aprobada por el Congreso de la República.
De acuerdo con el documento enviado por la senadora al alto tribunal, el decreto fue presentado después de que el Legislativo hundiera la Ley de Financiamiento, iniciativa con la que el Gobierno buscaba recaudar cerca de 16,3 billones de pesos para cubrir el déficit fiscal del Estado.
Para la candidata, este antecedente evidenciaría un desconocimiento de la separación de poderes y del trámite democrático establecido en la Carta Política. Valencia también advirtió que la medida tendría impactos directos en la economía de los hogares colombianos, en especial sobre la clase media.
Aunque el Gobierno ha señalado que la carga recaería principalmente sobre los denominados “megarricos”, el decreto contempla disposiciones que afectarían a un espectro más amplio de la ciudadanía, aseguró la candidata.
Entre las posibles consecuencias mencionadas se encuentran aumentos significativos de impuestos, la aplicación del IVA del 19 % a las apuestas en línea y juegos de azar, nuevos gravámenes a cigarrillos, dispositivos electrónicos de nicotina y bebidas alcohólicas, así como la creación de un impuesto especial a las exportaciones de carbón y petróleo.
La solicitud quedó en manos de la Corte Constitucional, que deberá evaluar la legalidad y constitucionalidad del decreto de emergencia económica.
