Sergio Fajardo presentó una solicitud ante el contralor general Carlos Hernán Rodríguez en la que pide que los recursos de la emergencia Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada por el Gobierno nacional para atender calamidades en el país podría estar siendo utilizada con fines electorales.
“Surgen preocupaciones serias y fundadas sobre la forma en que dichos recursos se estarán ejecutando. La coincidencia entre su rápida ejecución y las dinámicas electorales en curso, sumada a antecedentes recientes de uso inadecuado de recursos públicos en programas sociales, evidencia un riesgo real de desviación de poder y de afectación de la moralidad administrativa, la transparencia y la equidad en la contienda democrática”, le escribió Fajardo a Rodríguez.
Asimismo, dijo que el país estaría ante la posibilidad de que esos recursos excepcionales que están siendo recaudados con la justificación de una calamidad pública puedan terminar siendo utilizados para fines distintos a los que están permitidos por la ley, entre ellos una promoción directa o indirecta de intereses políticos o electorales de algún candidato en particular más allá de atender a los damnificados del frente frío en ocho departamentos.
“En este escenario, la función de control fiscal adquiere un carácter no solo relevante, sino también urgente. De conformidad con el artículo 267 de la Constitución Política, la Contraloría General de la República no solo está facultada, sino también obligada a ejercer un control fiscal que incorpore modalidades preventivas y concomitantes, con seguimiento permanente y en tiempo real de la gestión y ejecución de los recursos públicos”, alertó Fajardo.
Por eso, pidió cinco puntos en específico: que se ejerzan de manera inmediata las facultades de control concomitante y preventivo mediante vigilancia en tiempo real de la ejecución de esos recursos; que haya una mesa técnica de seguimiento con participación de instancias competentes que garantice la trazabilidad de esos dineros; que se priorice el control de los recursos de acuerdo a su magnitud y nivel de riesgo; que haya una auditoría continua con publicidad y acceso a la información; y que se actúe con celeridad antes de que los recursos se comprometan en estructuras contractuales.
“La legitimidad del Estado depende de la integridad en el uso de los recursos públicos por parte de todas las colombianas y los colombianos. Cualquier desviación no solo compromete el patrimonio público, sino también la confianza ciudadana y las condiciones de equidad democrática”, pidió Fajardo.
El candidato presidencial insistió que los organismos de control están llamados a que el poder público no puede ser sustituido por el dinero y que la Presidencia no se puede comprar con recursos públicos.