La realidad sobre la crisis de salud que azota el país es devastadora. El 90% de los pacientes en Colombia ha recibido sus medicamentos con retraso. Así lo reveló la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, en un pronunciamiento contundente que forma parte de un documento de recomendaciones urgentes entregado a los candidatos presidenciales y vicepresidenciales, en medio de la campaña electoral.
Estas cifras impactantes, contrastadas con datos de la Superintendencia de Salud y reportes de la Defensoría, pintan un panorama alarmante de un sector colapsado por desigualdades estructurales, fallas en la financiación y una gobernanza deficiente.
“Es urgente adoptar medidas que superen la crisis en la prestación de servicios y aseguren el acceso oportuno y efectivo a la salud, incluyendo responsabilidades claras para los actores privados en la garantía de este derecho”, enfatizó Marín Ortiz durante la entrega del documento, que estructura sus alertas en cuatro ejes críticos: igualdad, paz, ambiente y asuntos agrarios.
Este llamado resuena con fuerza en un contexto donde, según la Superintendencia Nacional de Salud, en 2025 se registraron más de 1,2 millones de tutelas por incumplimientos en la entrega de medicamentos y servicios, un 25% más que el año anterior.
La Defensoría, con su presencia en territorios remotos, ha documentado cómo estos retrasos no son anécdotas aisladas, sino la norma: en regiones como el Chocó o La Guajira, pacientes con enfermedades crónicas esperan hasta seis meses por insumos básicos, lo que agrava cuadros de diabetes, hipertensión y cáncer.
“Cada programa de gobierno y cada campaña tendrá sus énfasis y prioridades de acuerdo a su visión de país. Pero lo que no debería pasar es que no se fortalezca la inversión pública en educación para eliminar estas brechas que están generando la deserción o falta de asistencia escolar”, insistió Marín, extendiendo la crítica a la salud como pilar de la igualdad.
Entre las impactantes cifras, la funcionaria también reveló que las tutelas en salud aumentaron un 34 % entre 2024 y 2025 y que la brecha entre educación urbana y rural en las Pruebas Saber 11° es de 30 puntos.
La Defensora @MarnIris presentó "Decisiones impostergables en materia de derechos humanos“, un documento para las candidatas y candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República con recomendaciones que deben traducirse en compromisos urgentes para el próximo gobierno.… pic.twitter.com/jVAciwHxKD
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) April 6, 2026
Cifras de la Organización Panamericana de la Salud, OPS respaldan esta urgencia: Colombia destina solo el 5,6 % del PIB a salud, por debajo del promedio regional del 6,5 %, lo que deja a 10 millones de personas en pobreza extrema sin cobertura efectiva.
En el eje de igualdad, se prioriza reducir la pobreza y la inseguridad alimentaria, que afecta al 35 % de los hogares, según DANE, implementar el Sistema Nacional de Cuidado y cerrar brechas digitales que excluyen a comunidades indígenas y afrodescendientes.
Más allá de la salud, el informe toca heridas abiertas: en paz y seguridad, 402 municipios, 35 % del total, están en alerta temprana por violencia, con más de 10 millones de víctimas del conflicto que claman verdad, justicia y reparación. “La paz no es solo la dejación de las armas.
Es el derecho a la verdad, a la justicia y reparación de las víctimas y sobre todo las garantías de no repetición”, subrayó la Defensora, exigiendo sostenibilidad para la JEP, UBPD y la Ley de Víctimas.
Durante la ponencia Marín Ortiz no escatimó en autodefensa institucional haciendo un llamado “a respetar la autonomía presupuestal constitucional de la Defensoría del Pueblo. Contar con los recursos para las y los defensores públicos y todo el personal de la Defensoría. Cuando no hay defensa pública al día, el sistema de justicia también tiene un deterioro”.