El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que quiere sustituir el término “inteligencia artificial” por “superinteligencia”, aseguró que trataría como “enemigo” a cualquiera que no siga esta línea.

“La Casa Blanca considera un ENEMIGO a cualquiera que utilice el término ‘inteligencia artificial’ en lugar del nuevo término, muy bien aceptado y más preciso, de ‘superinteligencia’”, escribió en su red Truth Social.
El mandatario, que no detalló cómo se concretaría esa amenaza, ya había adelantado el cambio de nombre en septiembre ante la Asamblea General de la ONU, donde opinó que “sonaba mucho mejor”.
Poco después firmó un decreto para imponer la nueva terminología a los organismos gubernamentales.

Esta obligación no se extiende al sector privado, aunque Meta, el grupo de Mark Zuckerberg, ya la ha utilizado en comunicaciones internas, y Elon Musk, CEO de Tesla y aliado de Donald Trump, emplea el término “superinteligencia” en sus mensajes en X.
Firme defensor de esta nueva tecnología, Trump busca dotarla de una connotación positiva frente a la creciente preocupación de los estadounidenses por su seguridad, a la que se suman numerosas movilizaciones locales contra la construcción de centros de datos.

La medida se produce horas después de que el mandatario reuniera en la Casa Blanca a casi dos docenas de líderes tecnológicos de Silicon Valley para debatir sobre los riesgos de la tecnología. Según Bloomberg, el cambio de nombre busca revertir la percepción negativa creciente sobre la inteligencia artificial en Estados Unidos, donde su implantación ha generado un rechazo generalizado por el encarecimiento de la electricidad y el temor a la destrucción de empleos.
En paralelo a la orden ejecutiva, la Casa Blanca difundió un comunicado conjunto firmado por Trump y los directivos de las principales empresas del sector —Sundar Pichai (Google), Dario Amodei (Anthropic), Mark Zuckerberg (Meta), Greg Brockman (OpenAI), Elon Musk (X) y Jensen Huang (Nvidia)— en el que se comprometen a aplicar cuatro capas de controles y auditorías sobre sus modelos.

El acuerdo contempla la implantación de controles internos sobre ciberseguridad, bioseguridad y amenazas químicas; la creación de equipos internos de supervisión; la contratación de auditores externos independientes; y la designación de un comité independiente del consejo de administración de cada empresa para supervisar el conjunto del proceso.
Los firmantes han reconocido que estas medidas podrían convertirse en leyes o regulaciones en el futuro. Además, han asegurado que implementar estos controles y auditorías es “fundamental” para garantizar un “futuro seguro para todos” y se han comprometido, por tanto, a aplicarlas en sus empresas.
*Con información de agencias.
