Las motocicletas son unos de los vehículos que suelen ser más apetecidos por los conductores en Colombia. Algunas personas buscan este tipo de móvil exclusivamente como medio de transporte, pero un gran porcentaje de los habitantes las utilizan como herramienta fundamental para trabajar, ejerciendo labores de mensajería o servicios de transporte.
Algunos de los propietarios adquieren su moto directamente del concesionario, pero debido a los altos costos, muchas personas recurren a un ejemplar de segunda mano. Una alternativa que resulta ser significativamente más económica, teniendo en cuenta la devaluación que sufre el producto una vez sale a la calle.
Sin embargo, pese a que sea más económico, también puede llegar a ser un proceso más caótico o riesgoso, teniendo en cuenta que hay que verificar la validez de todos los documentos y comprobar que el supuesto vendedor no esté intentando hacer una estafa.
Impacto de las deudas en el trámite de propiedad
Uno de los incidentes más frecuentes en la compraventa de vehículos usados es el descubrimiento de multas pendientes tras haber entregado el dinero.
Si una motocicleta posee comparendos vigentes, la consecuencia principal es la imposibilidad de formalizar el traspaso ante los organismos de tránsito correspondientes. En la legislación colombiana, tanto el comprador como el vendedor deben figurar a paz y salvo en el sistema para validar cualquier cambio de titularidad.
La falta de este documento genera efectos inmediatos. Primero, la Secretaría de Movilidad bloquea el trámite administrativo. Segundo, existe un riesgo de embargo si las multas alcanzan la instancia de cobro coactivo, lo que podría derivar en la inmovilización del vehículo.
Legalmente, mientras no se registre el traspaso, el vendedor conserva la propiedad del bien, lo que expone al comprador a complicaciones jurídicas si el titular original posee deudas externas.
Rutas de acción y medidas de prevención
Para resolver estas contingencias, se recomienda realizar una verificación previa en las plataformas oficiales del SIMIT o el RUNT, utilizando la placa del vehículo y el número de cédula del propietario.
En caso de hallar deudas, se puede llegar a diferentes acuerdos para coordinar el pago de la multa por parte del infractor y así poder proceder con la compra del vehículo.
Para ello, es posible establecer acuerdos de pago con las Secretarías de Movilidad. Una vez el convenio esté vigente y al día, las autoridades pueden emitir el paz y salvo necesario para el traspaso.
Para evitar este tipo de inconvenientes, una solución que brina la ley es establecer en el contrato de compraventa la existencia de una “cláusula de saneamiento”, donde el vendedor declara el vehículo libre de gravámenes o multas pendientes.
Como medida preventiva, las autoridades recomiendan no realizar desembolsos económicos sin antes solicitar un certificado de tradición y verificar el estado de cuenta del vendedor. Estos pasos garantizan que la inversión no resulte en procesos legales extensos o en la pérdida del derecho a la propiedad oficial del vehículo.