Después de los anuncios de los últimos días sobre los alcances de la nueva emergencia económica para atender la crisis invernal, el Gobierno finalmente sacó la artillería en la búsqueda de recursos e incluso fue más allá.
Expidió cinco decretos en el marco de la emergencia declarada por las inundaciones y fenómenos climáticos que afectan a ocho departamentos, al tiempo que el Ministerio de Trabajo publicó un proyecto de decreto para trasladarle a Colpensiones más de 25 billones de pesos de las cuentas de ahorro individual de los trabajadores que se acogieron a la ventana de oportunidad de traslado prevista en la reforma pensional –suspendida por la Corte Constitucional–, recursos administrados por los fondos privados.
Esta última decisión generó una tormenta, pues el presidente Gustavo Petro, ante un informe de Anif, se despachó en su cuenta de X: “Todo propietario de una cuenta de ahorro pensional en un fondo privado de pensiones que ha decidido retirarse de ese fondo, tiene todo el derecho de retirar su ahorro y no solo en 15 días, sino de inmediato. ¿Está diciendo la Anif que los fondos privados de pensiones no pueden garantizar el retiro del dinero del ahorro de sus ahorradores cuando estos lo solicitan?”.
José Ignacio López, presidente de este centro de pensamiento, le respondió al mandatario al señalar que estos recursos de la ventana de oportunidad de traslados deben quedar en las cuentas de ahorro individual hasta el momento de pensión. Y agregó: “El borrador de decreto en cuestión no solo va en contravía de la ley, sino que implicaría liquidar las cuentas de ahorro individual, con efectos muy adversos sobre los mercados financieros locales, en particular el mercado de TES. Mercado donde el Gobierno ya se financia a tasas superiores al 14 por ciento y con esta medida podría ser a tasas más altas”.
De acuerdo con Andrés Velasco, presidente de Asofondos, según la reforma, los recursos se tienen que quedar en las AFP hasta la edad de pensión y después, aunque el artículo 24 está suspendido por la Corte, la intención del Congreso en la ley aprobada es clara: los recursos los debe administrar y multiplicar el Fondo de Ahorro del Banco de la República. “Esos recursos no se pueden pasar a Colpensiones ni a ninguna parte: moverlos sería incumplir una ley vigente”.
Pero esa es apenas una cara del debate. Dentro del paquete normativo de la emergencia económica se destaca la creación de un impuesto temporal al patrimonio para empresas con patrimonio líquido igual o superior a 200.000 UVT al primero de marzo de 2026, aplicable únicamente por ese año, es decir, un poco más de 10.000 millones de pesos.
La tarifa general será de 0,5 por ciento, aunque ascenderá a 1,6 por ciento para entidades financieras, aseguradoras, comisionistas de bolsa y empresas del sector extractivo, entre otras. El gravamen se pagará en dos cuotas iguales, el primero de abril y el 4 de mayo de 2026, y sus recursos se destinarán exclusivamente a atender la emergencia.
El conjunto de decretos también incluye medidas para agilizar la compra y saneamiento de tierras y la reubicación de comunidades afectadas, habilitar contratación directa y adiciones contractuales, establecer líneas de crédito para el sector agropecuario y adoptar disposiciones ambientales, como un aporte adicional del 2 por ciento sobre las ventas de generadoras de energía.
El Consejo Gremial se pronunció y, aunque reconoce la necesidad de atender “con responsabilidad” los efectos de fenómenos climáticos y sociales, rechazó la utilización del estado de emergencia invernal como vehículo para expedir medidas que, “lejos de estar estrictamente orientadas a conjurar la crisis, introducen modificaciones estructurales en materia tributaria, ambiental, financiera, operativa y sectorial”.
Por su parte, Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), advirtió que “gravar el patrimonio es, en esencia, gravar la capacidad de invertir. El país necesita equilibrio: recaudo hoy, pero inversión y crecimiento mañana”.
A su vez, Andeg, el gremio que agrupa empresas generadoras, destapó los primeros cálculos. Según Alejandro Castañeda, su presidente, tendrían que aportar 330.000 millones de pesos para la emergencia económica, lo que podría terminar recayendo sobre el esquema tarifario y llegaría el mayor costo al usuario.
Sin embargo, más allá de los impactos en el tejido empresarial que generan las decisiones de la administración Petro, para muchos es claro que el Gobierno está “cuadrando caja”.
Velasco expresó que “el decreto busca que las Administradoras de Fondos de Pensiones giren a Colpensiones más de 25 billones de pesos para usarlos de manera contraria a lo que ordena la ley, lo cual implica que se liberarían recursos del Presupuesto General de la Nación por un monto equivalente y una afectación del ahorro pensional que se quiso preservar en la reforma pensional de la Ley 2381, agravando aún más la sostenibilidad futura de esa reforma y de las finanzas públicas”.
En un contexto de cuentas fiscales bajo presión, para Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital, lo que busca el Gobierno es recoger la mayor liquidez posible. “Este tipo de medidas, lo que terminan haciendo es casi que pasando por un lado la Ley de Garantías, porque a través de emergencias económicas puede, y es lo que está haciendo, justificar el mayor gasto, contratos y demás en medio de un proceso electoral. A mí no me cabe ninguna duda de que esto tiene un componente político”, dijo, al tiempo que afirmó que los recursos que se necesitan para la emergencia invernal, estimados en 8 o 10 billones de pesos, “son cálculos a mano alzada que difícilmente uno podría corroborar”.
En ese mismo sentido se pronunció Camilo Pérez, jefe de investigaciones económicas del Banco de Bogotá: “Todo confluye en esa necesidad de recursos elevada que tiene el Gobierno. Efectivamente, en particular en febrero, los giros estaban presupuestados en más o menos unos 41 billones de pesos; eso es alto para un mes de febrero”.
Frente al impuesto al patrimonio, mientras Velandia lo califica de antitécnico, para Pérez reduce los márgenes. Pero además tiene otros efectos. “El desincentivo a los sectores petrolero y minero es un tiro en el pie, porque son los sectores que más aportan impuestos y lo que hace es que el recaudo tributario no tenga buen desempeño”, dice Pérez.
Uno de los temas que el presidente Petro ventiló fue el de las inversiones forzosas para los bancos. Pero en los decretos no aparecieron. Jaime Enrique Gómez, socio de la firma Posse Herrera Ruiz, dice que no existe plena certeza de que las inversiones forzosas hayan quedado descartadas. “Asobancaria ha expuesto la impertinencia de la medida, considerando que la afectación de una disposición de esta naturaleza recae en los ahorradores, y que la efectiva utilización de los recursos en el territorio puede tardar varios meses”. La pregunta es si la inversión forzosa queda compensada con el impuesto al patrimonio. “Esta puede ser una lectura, pues el Gobierno puede llegar a superar el recaudo esperado con esta medida”, agrega Gómez.
Mientras las tensiones continúan en materia fiscal, las discusiones de dónde provendrán los recursos no paran.