En esta década, Ecopetrol avanzó en un proceso de transformación, anticipándose a la transición energética que venía. La primera gran movida fue en 2021, con la compra de más del 51 por ciento de ISA, para incorporar a su portafolio negocios como los de transmisión de energía, concesiones viales y comunicaciones.
Ya en el Gobierno Petro, consolidó su entrada al negocio de generación de energías renovables no convencionales mediante la compra de proyectos siniestrados en otras empresas, entre ellos Windpeshi, así como de otros activos, entre los que figura Jemeiwaa Ka’l, en La Guajira.
“Tal vez sería pertinente preguntar sobre la conveniencia, viabilidad y sostenibilidad para una empresa fundamentalmente petrolera, convertida en ‘multienergética’, sobre cuántas canastas está en capacidad de atender con la suficiencia, conocimiento y experticia requerida”, quiso saber en una columna Juan Gonzalo Castaño, exmiembro de la Junta Directiva de Ecopetrol.
De hecho, la petrolera desistió de una iniciativa en Estados Unidos, el Proyecto Oslo, en la cuenca del Permian, para el desarrollo de fracking, que le aumentaría su producción, ingresos y rentabilidad. Esta negativa se dio tras la decisión del presidente Gustavo Petro de no avanzar en proyectos que usen esta técnica de explotación de crudo y significó la renuncia de dos miembros de la junta de Ecopetrol.
Todo esto en el marco de una caída en los ingresos y utilidades de la compañía y una pérdida de valor, no solo por factores externos como la volatilidad del dólar o el precio internacional del crudo, sino por la decisión del Gobierno de no avanzar en nuevos contratos de exploración y el rompimiento del gobierno corporativo de la compañía.
Precisamente, una de las mayores preocupaciones en el mercado son las fallas en el gobierno corporativo de Ecopetrol: primero, por la injerencia del presidente Petro en las decisiones de la compañía; y segundo, por la situación del presidente de la petrolera, Ricardo Roa, señalado por haber superado los topes de la campaña Petro Presidente, de la que fue su gerente, y por un supuesto tráfico de influencias ya en la petrolera.
“El pecado del Gobierno, que además es una flagrante violación de las normas, de las reglas, de los estatutos de Ecopetrol y de la Constitución, es que destruyó el gobierno corporativo de entrada”, señala Carlos Gustavo Cano, exmiembro de la junta directiva de la petrolera.
Y agrega: “El nuevo Gobierno debe citar a una asamblea extraordinaria, destituir a toda esa cúpula corrupta que hay allí y recomponer el gobierno corporativo con base en unos estatutos que han sido violados. No hay tiempo que perder ante el tamaño de la crisis y el inmenso deterioro patrimonial”, lo que calificó como un delito contra la nación.
Por su parte, Juan José Echavarría, también exmiembro de la junta y en su momento representante de los accionistas minoritarios, señaló que “un presidente que se dedique al micromanagement en Ecopetrol acaba con la compañía”.
En ese contexto, a mediano plazo, el nuevo Gobierno podría pensar en vender un porcentaje de Ecopetrol y crear un fondo soberano para invertir en activos que le generen recursos a la nación, porque, como explica Echavarría, el Estado lo que requiere son recursos de una empresa bien manejada, “no manejar la empresa”.