La retransmisión ilegal de partidos afecta los derechos de los operadores y los recursos que reciben los equipos. En ese sentido, el sector enfrenta el reto de frenar estas prácticas y proteger una de sus principales fuentes de ingresos.
La piratería de las transmisiones representa un problema que va más allá de los canales que tienen los derechos de emisión. También compromete los ingresos de los clubes, la producción audiovisual y los recursos que circulan en la industria. En Colombia, el debate cobra relevancia en momentos en que la Dimayor avanza en la negociación de los derechos audiovisuales y digitales de sus competencias para el periodo 2027-2030.
En agosto de 2025, durante el Football Axis Summit, José Antonio de Brigard, presidente de RCN, afirmó que alrededor del 60 % de los potenciales ingresos se perdían por prácticas ilícitas.
En España, LaLiga estimó que los clubes dejan de recibir entre 600 y 700 millones de euros al año por las retransmisiones ilegales de partidos. Según reportó el diario AS en octubre de 2025, la entidad también advierte que esta práctica afecta el valor de la competición en las negociaciones por los derechos televisivos.
Por otro lado, Ricardo Ballesteros Valencia, abogado especialista en propiedad intelectual y derechos de autor, explicó que llevar un partido a las pantallas requiere cámaras, equipos técnicos, vehículos, antenas satelitales, personal y montaje previo en los estadios. A esto se suman los contratos con las empresas que distribuyen la señal.
“El impacto es grande”, sostuvo el abogado, quien advirtió que estas prácticas pueden afectar los pagos a los trabajadores, los recursos que reciben los equipos para mantener sus nóminas y los impuestos asociados a la actividad.
Desde el punto de vista jurídico, explicó que cuando un operador adquiere los derechos de una competición recibe autorización para emitir y distribuir la señal bajo las condiciones pactadas con el titular. En ese contexto, la Decisión Andina 351 de 1993 y la Ley 23 de 1982 hacen parte de las normas que protegen los derechos de los organismos de radiodifusión. Por eso, retransmitir un partido sin autorización puede vulnerar derechos de reproducción, distribución y comunicación, incluso si el contenido se ofrece gratuitamente.
El abogado también diferenció entre quienes distribuyen o comercializan las señales sin permiso y los usuarios que las consumen. Aunque señaló que estos últimos tienen una responsabilidad de acudir a servicios legales, advirtió que las páginas y aplicaciones ilegales pueden exponerlos al robo de datos personales y bancarios, así como a prácticas de phishing.
Las dificultades para combatir estas redes están, en parte, en identificar a las personas que están detrás de los sitios y servicios, que pueden operar desde otros países o involucrar intermediarios que revenden señales sin conocer toda la estructura. Por eso, Ricardo planteó combinar acciones judiciales, bloqueos y retiros de contenido con herramientas tecnológicas que permitan actuar durante las transmisiones en vivo.
También propuso recuperar el convenio antipiratería entre autoridades y empresas del sector, fortalecer la cooperación con proveedores de internet y avanzar en mecanismos de bloqueo más rápidos.
La dimensión del problema quedó expuesta en julio de 2026 durante la copa del mundo, cuando la Fiscalía informó sobre la operación internacional Tarjeta Roja. En Colombia fueron suspendidos 1.140 dominios y direcciones URL utilizados para retransmitir ilegalmente contenidos audiovisuales.