La discusión sobre inclusión financiera volvió al encender tensiones entre el ecosistema fintech, el Gobierno y los actores tradicionales del sistema financiero.
Esta vez, el debate gira alrededor de un proyecto de decreto impulsado por MinTIC que permitiría a operadores postales ofrecer nuevos servicios relacionados con manejo de recursos, iniciativa que generó fuertes cuestionamientos desde la industria tecnológica financiera.
La advertencia fue realizada por Colombia Fintech, gremio que agrupa empresas del sector, que asegura que la propuesta podría permitir que operadores postales administren recursos del público mediante denominadas “cuentas postales”, sin cumplir las mismas exigencias regulatorias, de supervisión y solvencia que actualmente enfrentan bancos, fintech y otras entidades financieras.
El proyecto propone que operadores postales puedan ofrecer servicios asociados a giros, depósitos y transferencias mediante estas cuentas postales.
Según el gremio, esto representa un cambio importante porque el modelo tradicional postal estaba diseñado principalmente para transferencias inmediatas y no para almacenar, custodiar o administrar recursos del público de manera continua. Para Colombia Fintech, la propuesta ampliaría considerablemente el alcance operativo de estas compañías.
Para el sector, la principal preocupación radica en que la propuesta transformaría actividades tradicionales de giros y transferencias en mecanismos que, en la práctica, podrían implicar captación y custodia de dinero del público; esto generaría asimetrías regulatorias importantes dentro del mercado financiero colombiano.
Uno de los puntos más sensibles aparece en la protección al usuario. Actualmente, entidades financieras reguladas cuentan con esquemas como seguros de depósitos respaldados institucionalmente.
Según el gremio, los operadores postales no tendrían obligaciones equivalentes ni respaldo de mecanismos como Fogafín, situación que afirman podría dejar expuestos a usuarios ante eventuales problemas de insolvencia o fraude.
Los cuestionamientos también apuntan a los costos regulatorios. Mientras bancos, fintechs, SEDPEs y otras entidades deben asumir inversiones relacionadas con capital, solvencia, cumplimiento normativo y monitoreo de riesgos, el gremio asegura que el proyecto permitiría operaciones similares bajo exigencias menores, generando competencia desigual dentro del ecosistema financiero.
La industria también advierte riesgos operativos y de supervisión. Mientras entidades financieras reguladas cumplen estándares robustos de prevención de lavado de activos mediante esquemas como SARLAFT, la propuesta plantea un esquema donde la supervisión recaería sobre MinTIC y no sobre la Superintendencia Financiera, entidad que actualmente concentra experiencia en vigilancia del ahorro del público.
Otro elemento que preocupa al sector tiene que ver con infraestructura de pagos. Crear sistemas paralelos mediante cuentas postales podría afectar avances recientes en interoperabilidad financiera, particularmente alrededor del ecosistema de pagos inmediatos y plataformas como Bre-B, que buscan reducir fricciones transaccionales y conectar mejor el sistema financiero colombiano.
Durante los últimos años, Colombia ha impulsado figuras como corresponsales bancarios, billeteras digitales, SEDPEs y soluciones fintech precisamente para ampliar cobertura en zonas apartadas.
Para el gremio, estas herramientas ya ofrecen alternativas suficientes para expandir acceso sin crear nuevas asimetrías regulatorias.