El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén), herramienta utilizada por el Estado colombiano durante décadas para identificar a hogares vulnerables y asignar subsidios, cambiará de fondo en 2026.
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) anunció una actualización estructural que transformará la forma en que se mide la situación socioeconómica de los ciudadanos y se focalizan las ayudas estatales.
Durante más de 30 años, el Sisbén ha sido la base técnica para focalizar programas sociales como Renta Ciudadana, Devolución del IVA y subsidios a servicios públicos domiciliarios.
Sin embargo, las autoridades consideran que el modelo tradicional basado en encuestas periódicas genera información desactualizada, lo que puede afectar la eficiencia y equidad en la entrega de ayudas.
Por ello, el DNP empezó la transición hacia un sistema más moderno y dinámico que recoja información en tiempo real y refleje con mayor precisión las condiciones de vida de los hogares.
Nueva etapa con el Registro Universal de Ingresos (RUI)
La piedra angular de esta transformación es el Registro Universal de Ingresos (RUI), una plataforma que sustituirá gradualmente al Sisbén como herramienta principal de clasificación socioeconómica.
Este nuevo modelo busca cruzar datos oficiales provenientes de registros administrativos como empleo, salud, educación e información tributaria para estimar los ingresos reales de cada hogar. Con ello, la focalización de subsidios se ajustará con mayor rapidez a las variaciones económicas y sociales de las familias colombianas.
A diferencia del Sisbén, que clasifica a la población en grupos A, B, C y D principalmente a través de encuestas, el RUI se alimentará de información integrada y continua. Esto permitirá que la clasificación se actualice automáticamente cuando cambien las condiciones de un hogar, como variaciones en ingresos o acceso a servicios, sin necesidad de esperar encuestadores físicos.
Expertos consideran que esta digitalización puede reducir errores y ampliar la cobertura de ayudas a quienes realmente las necesiten.
La reforma también propone la eliminación progresiva del mecanismo de estratificación de estratos socioeconómicos, especialmente para definir subsidios de servicios públicos, lo que afectaría a cerca de 3,5 millones de hogares que actualmente reciben beneficios por estrato más que por vulnerabilidad real.
Transición y desafíos
El DNP ha detallado que la transición al RUI será gradual y acompañada de asistencia técnica para las entidades que administran programas sociales, quienes deberán definir criterios de entrada, permanencia y salida con base en la nueva clasificación.
El proceso culminaría después del segundo trimestre de 2026, cuando el RUI se convierta en la herramienta obligatoria para la focalización de subsidios, políticas sociales, planes y proyectos gubernamentales.
Aunque el cambio promete mayor precisión y actualización, algunos analistas han señalado la necesidad de garantizar la protección de datos personales y la transparencia en el manejo de información cruzada.
A su vez, las autoridades insisten en que el objetivo final es entregar los apoyos sociales de forma más efectiva y dirigidos a quienes realmente los necesitan en un momento económico cambiante.