La reciente reglamentación de la DIAN sobre el Impuesto Nacional a los Productos Plásticos de un Solo Uso (IPUSUI) encendió las alarmas en el sector empresarial.
Acoplásticos advirtió que los plazos establecidos para declarar y pagar este tributo son insuficientes y podrían derivar en errores involuntarios y sanciones para cientos de compañías importadoras.
La preocupación surge tras la expedición de la Resolución 000005 del 9 de febrero de 2026, que fijó como fecha límite el 13 de febrero para cumplir con la obligación correspondiente al año gravable 2025.
En la práctica, esto deja apenas tres días para revisar operaciones pasadas, calcular el peso en gramos de los empaques plásticos y presentar la declaración.
El alcance del impuesto es amplio. No se limita a fabricantes de envases, sino que cobija a toda empresa que importe productos empacados, envasados o embalados en plástico, ya sea para comercializarlos o utilizarlos como insumo. Esto incluye desde alimentos, bebidas y productos de aseo hasta maquinaria, electrodomésticos y tornillería.
Según explicó Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, los importadores deben revisar operaciones realizadas desde el 25 de julio de 2025, fecha a partir de la cual la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-99 de 2025, determinó que estos bienes debían pagar el impuesto contemplado en la Ley 2277 de 2022.
Sin embargo, durante varios meses no existió una metodología clara ni formularios oficiales, lo que obliga ahora a reconstruir información técnica y comercial de forma retroactiva.
Aunque la DIAN amplió hasta el 31 de marzo el plazo para presentar el reporte de las declaraciones de importación, la obligación de declarar y pagar el impuesto se mantiene en febrero. Esto implica que las empresas deben realizar cálculos técnicos complejos, incluso para identificar casos en los que el producto pueda estar excluido.
El reto es especialmente exigente para grandes superficies y empresas con múltiples proveedores internacionales, que deben recopilar certificaciones y datos sobre el gramaje del plástico utilizado en cada referencia. La ausencia de parámetros técnicos definidos sobre tolerancias en el pesaje incrementa la incertidumbre.
A este panorama se suma otro punto sensible: la reglamentación sobre la no causación del impuesto en casos de economía circular prevista desde 2023 aún no ha sido expedida, pese a que la Ley 2277 de 2022 lo contemplaba .
Acoplásticos, gremio que agrupa a industrias que generan cerca de 250.000 empleos y ventas por alrededor de 35 billones de pesos anuales en Colombia, advierte que la combinación de retroactividad, complejidad técnica y plazos reducidos puede traducirse en litigios y mayores cargas administrativas para el sector productivo.
En un momento de presión fiscal y desaceleración económica, el debate no gira únicamente en torno al recaudo, sino a la capacidad operativa de las empresas para cumplir sin exponerse a contingencias legales.