En la recta final de la campaña presidencial, el entonces candidato y hoy presidente electo, Abelardo De La Espriella, aseguró que si llegaba a la Casa de Nariño, buscaría refinanciar o renegociar la deuda externa de Colombia desde “el día siguiente de su posesión”. Esta promesa, cuya ejecución estará a cargo del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, no es una más dentro de un conjunto de planes para su mandato, sino que nace de lo que muchos analistas han calificado como una bomba fiscal, derivada principalmente del creciente endeudamiento del país.
El exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo advirtió que, aunque el Marco Fiscal de Mediano Plazo del actual Gobierno calcula el déficit en 30 billones de pesos, otros analistas estiman que el saldo real en rojo podría llegar a 110 billones, una cifra equivalente a unas ocho reformas tributarias promedio en Colombia. “Es una cosa impresionante, a la que se le debe dar pronta solución, pues si seguimos como vamos, el país va para una situación de insolvencia y de descrédito total”, advierte.
Ese panorama hizo que en la campaña de De La Espriella también se hablara de reducir el gasto mediante la reducción de la nómina estatal, así como del trámite de una reforma tributaria, pero Restrepo dice que eso no es suficiente y que se necesita remodelar el manejo de la deuda.
El exministro advierte, sin embargo, que no es lo mismo refinanciar que reestructurar. La refinanciación consiste en extender plazos o mover vencimientos hacia adelante sin desconocer el capital ni las condiciones financieras pactadas. La reestructuración, en cambio, supone sentarse con los acreedores para reducir montos o intereses, una medida que suele adoptarse cuando un país está al borde de la insolvencia. Para Restrepo, Colombia no está en ese escenario y sería fatal para la credibilidad del país enviar una señal de reestructuración agresiva.
En su lectura, lo que buscaría el nuevo Gobierno —aún no se han hecho anuncios oficiales al respecto— sería espaciar los pagos de la deuda para aliviar el presupuesto de los próximos años, especialmente el de 2027, abriendo espacio fiscal para otros gastos prioritarios. Pero insiste en que la operación debe explicarse bien, porque una mala comunicación podría generar nerviosismo en los mercados.
Alberto Rojas y Laura Assis, analistas de UBS GWM, coinciden en esa distinción. Para ellos, hablar de una reestructuración de deuda en Colombia estaría fuera de contexto, pues el país aún mantiene acceso al mercado internacional y puede emitir deuda en dólares con normalidad. Lo que sí consideran apropiado es una gestión de pasivos, conocida en los mercados como liability management. Esta herramienta permite recomprar parte de la deuda existente y emitir nuevos títulos a plazos más largos cuando las condiciones de mercado son favorables.
Este tipo de operaciones son habituales en países que buscan mejorar su perfil de vencimientos y reducir presiones fiscales. No implican desconocer obligaciones ni pedir descuentos forzados a los acreedores. Por el contrario, forman parte de una administración activa de la deuda pública. Si se realizan en un contexto de mayor confianza, pueden incluso ser bien recibidas por los inversionistas.
¿Cuál sería el alcance?
Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, asegura que la deuda bruta del país llegó en mayo a 1.169 billones de pesos. De ese monto, 881 billones corresponden a deuda interna y 288 billones a deuda externa. Esa composición es clave para entender el alcance real de una eventual refinanciación.
Juan David Ballén, director de Economía y Mercado de Aval Asset Management, advierte que, dado que la deuda externa representa el 25 por ciento del total, refinanciarla por completo sería complejo. En la práctica, explica, solo podría refinanciarse una parte, dependiendo del acceso que tenga el país a créditos multilaterales, que suelen ofrecer condiciones más favorables en términos de tasa y plazo.
La discusión, sin embargo, no se limita a la deuda externa. Para Hernando Zuleta, decano de Economía de la Universidad de los Andes, el problema fiscal colombiano tiene varios componentes. El primero es el déficit primario: los ingresos corrientes de la nación no alcanzan para cubrir los gastos corrientes. El segundo es el alto pago de intereses, que se ha convertido en una carga cada vez más pesada para el presupuesto. Aun si el país lograra reducir gastos y aumentar ingresos para cerrar el déficit corriente, seguiría enfrentando un problema importante por el servicio de la deuda.
Por eso, Zuleta considera razonable buscar mecanismos que reduzcan los intereses que paga el Estado, no solo en la deuda externa, sino también en la interna. Una posibilidad sería acudir a organismos multilaterales para obtener financiamiento de más largo plazo y a menores tasas, con el objetivo de reemplazar deuda costosa y de vencimientos más próximos. Pero esos recursos no llegarían gratis: usualmente están condicionados a reformas estructurales, planes de estabilización y medidas orientadas a garantizar la sostenibilidad fiscal. En el caso colombiano, advierten los expertos, cualquier operación de este tipo exigiría una señal clara de responsabilidad fiscal.
Todo depende de las tasas
Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, lo resume con una analogía sencilla: al igual que los hogares, los gobiernos pueden renegociar sus deudas para mejorar el pago de intereses en el tiempo. Pero la utilidad de esa decisión dependerá de las tasas que se logren negociar. Si el país obtiene mejores condiciones, la operación puede darles oxígeno a las finanzas públicas. Si negocia mal, puede terminar pagando más en el largo plazo. Todo dependerá, dice, de la credibilidad del ajuste fiscal.
El problema es que Colombia enfrenta una coyuntura fiscal apretada. Amorocho advierte que, además del déficit fiscal, hay una fuerte presión de caja. Según sus cálculos, el país tendría un déficit de caja cercano a los 16 billones de pesos, una cifra que podría variar y que tendrá que ser precisada en el proceso de empalme entre el Gobierno saliente y el entrante. A esto se suman otras presiones: pensiones, salud, nómina y compromisos presupuestales.
En ese contexto, la refinanciación aparece como una medida de alivio, pero no como una solución completa. Puede dar oxígeno, extender plazos y reducir la presión de vencimientos, pero no reemplaza la necesidad de ordenar las cuentas públicas. De hecho, varios expertos advierten que si el país se limita a “patear” obligaciones hacia adelante sin corregir el déficit, el problema solo se trasladará a futuros gobiernos.
La operación también dependerá del entorno externo. Las tasas de interés internacionales, la inflación en Estados Unidos, la percepción de riesgo país y la tasa de cambio incidirán en las condiciones que Colombia pueda obtener. Si mejora la confianza y baja el riesgo país, el Gobierno tendría más margen para hacer canjes, recompras o nuevas emisiones en mejores condiciones. Si, por el contrario, los mercados perciben improvisación o falta de ajuste fiscal, las tasas podrían subir y encarecer cualquier operación.
Por eso, la propuesta del nuevo Gobierno abre una oportunidad, pero también un riesgo. La oportunidad consiste en ordenar el perfil de la deuda, reducir presiones de corto plazo y ganar tiempo para estabilizar las finanzas públicas. El riesgo está en que la refinanciación sea interpretada como una señal de debilidad fiscal o como el anticipo de medidas más drásticas.