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¿Realmente el paro tiene la culpa de la pérdida del grado de inversión del país?

Analistas y economistas piensan que hay razones de fondo que llevaron a que Standard & Poor’s tomara esta decisión, sin desconocer los efectos sociales, políticos y económicos de las marchas de las últimas semanas en Colombia.


En la tarde del miércoles se anunció lo que ya se venía esperando desde hace varias semanas: Standard & Poor’s decidió rebajar la calificación crediticia soberana de largo plazo en moneda extranjera de Colombia a BB+ desde el BBB- y su calificación de largo plazo en moneda local a BBB- de BBB, lo cual, en términos sencillos, significa que el país perdió el grado de inversión para esta firma.

Desde varios sectores políticos y económicos han culpado al paro nacional de esta decisión de S&P, debido a que la reforma tributaria del exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla se hundió por las multitudinarias manifestaciones que se hicieron en el país, una vez se conoció el texto.

Desde el pasado 28 de abril, miles de colombianos han salido a las calles a protestar en contra del Gobierno del presidente Iván Duque, lo cual ha generado “un terremoto” social, político y económico en el país suficiente para la calificadora para decidir disminuir el grado de inversión, que había perdido Colombia hace un par de décadas y que recuperó a inicios del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

S&P Global Ratings rebajó la calificación de Colombia y le quitó el grado de inversión
S&P Global Ratings rebajó la calificación de Colombia y le quitó el grado de inversión - Foto: Bloomberg via Getty Images

Standard & Poor’s explicó en el documento que esta rebaja se dio debido al retiro de la reforma tributaria del Congreso de la República “en un contexto de altas presiones de gasto, lo que ha resultado en una probabilidad significativamente menor de que Colombia mejore su posición fiscal luego de un reciente y marcado deterioro”.

En entrevista con La FM, el líder analítico de la calificadora de riesgo S&P Global Ratings, Manuel Orozco, explicó que las marchas “por sí solas” no redujeron el grado de inversión, pero “hablan de la capacidad institucional” de responder ante estas situaciones.

El gerente de investigaciones económicas y estrategia en Davivienda Corredores, Germán Cristancho, le comentó a Semana que las agencias calificadoras toman decisiones “con implicaciones de mediano y largo plazo”, así que esta decisión de S&P es el resultado de factores adicionales a lo que ha ocurrido en el país recientemente.

Entre estos factores, el experto menciona “el deterioro fiscal de Colombia, que viene de varios años atrás y se ha aumentado por hechos como la caída del petróleo en 2015, el incremento del dólar que ha encarecido el endeudamiento externo y el costo económico de la pandemia”.

Sobre el petróleo, vale recordar que en 2014 el Brent alcanzó a cotizarse sobre los US$112 por barril y seis meses después estaba en la mitad, lo cual redujo de manera significativa los ingresos del país; mientras que en cuanto al dólar, la devaluación de las últimas semanas ha llegado al punto de generar que el peso sea la moneda más devaluada frente al dólar entre los países emergentes.

Sin embargo, para Cristancho es importante reconocer que los hechos recientes han creado un ambiente de gran dificultad para aprobar una reforma que realmente contribuya a ajustar las cifras fiscales del país.

Además de lo mencionado, “incrementar las presiones sobre aumentos adicionales de gasto, dadas las demandas sociales, fue el hecho disparador de esta decisión. Tanto así que hace tan solo un mes (cuando se presentó el proyecto de ley de solidaridad sostenible) S&P había confirmado el BBB- para el país”.

El exministro de Hacienda y excodirector del Banco de la República José Antonio Ocampo señaló que esta fue una decisión equivocada de Standard & Poor’s, pues para el economista “las calificaciones crediticias deben estar basadas en criterios de largo, no de corto plazo”.

El decano de la facultad de Economía de la Universidad del Rosario, Carlos Sepúlveda, le explicó a SEMANA que esta decisión es todo un análisis de la estructura de la deuda, su tendencia y el contexto actual de llegar o no a acuerdos, “no es por el paro, pero la coyuntura actual refleja una falta de acuerdo para despejar el panorama fiscal de Colombia”, indicó el académico.

Y agregó que “esa dificultad para despejar el panorama, tomar medidas de mayor ingreso, menor gasto y reducir el déficit, llevó a la decisión que tomó S&P”.

Mientras que para el economista Mario Valencia, desde septiembre de 2020, cuando el mundo atravesaba la peor crisis sanitaria y económica en un siglo, las agencias calificadoras comenzaron a presionar a Colombia para hacer reformas de austeridad fiscal.

“Teníamos la tasa de desempleo más alta registrada, y estas tres empresas privadas decían que el Estado tenía que apretarse el cinturón. La presión viene mucho antes del paro y continuó desde comienzos de 2021. Recordemos que en febrero llegó el FMI al país a pedir ajustarse el cinturón para 2022. Cualquier gobierno serio, en las actuales circunstancias, está haciendo todo lo contrario a lo que piden estas tres empresas”, señaló el experto a Semana.

Por otra parte, aseguró que no se puede desconocer que el 62 % de la deuda pública del país es interna, en pesos y que el 30 % de los acreedores de esta deuda son los fondos privados de pensiones, por lo que planteó que “lo que debería estar haciendo el Gobierno es sentarse con los cuatro fondos privados y reestructurar esa deuda, para liberar recursos del presupuesto y orientarlos hacia inversiones productivas capaces de ocupar fuerza de trabajo”.

Bonos basura y devaluación

Días antes de que se iniciaran las movilizaciones sociales, los bonos en dólares de Colombia ya se cotizaban como “basura”, pues los inversionistas suponían que el Gobierno no iba a ser capaz de tramitar una reforma que aumentara los impuestos lo suficiente para no perder el grado de inversión.

Bloomberg destacó que los bonos internacionales del país fueron los de peor desempeño en América Latina a finales de abril y tuvieron peores rendimientos que los de otros países con menor calificación, como Brasil o Uzbekistán.

La apuesta del Gobierno de Iván Duque era recaudar cerca del 2,2 % del PIB cada año durante la próxima década; sin embargo, el aumento de impuestos a una sociedad golpeada por la pobreza y la pandemia hizo que políticos y ciudadanos rechazaran mayoritariamente la propuesta.

Esto además generó que el peso perdiera terreno frente al dólar y se devaluara cerca de un 7 % en a penas dos semanas, pues pasó de $3.614 el 21 de abril (una semana antes del paro) a $3.851 el 5 de mayo, es decir, $237, lo cual la convirtió por esos días en la moneda emergente con peor desempeño del mundo.