La reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales en Colombia está a punto de convertirse en realidad, pero su impacto va mucho más allá de un ajuste normativo.

De acuerdo con un análisis de Crowe Co Colombia, la medida podría traducirse en una presión significativa sobre las finanzas de las pequeñas y medianas empresas, al punto de poner en riesgo la sostenibilidad entre el 25 % y el 30 % de estas compañías si no se preparan con anticipación.
El cambio se dará en dos momentos clave. Desde el 1 de julio de 2026, el recargo por trabajo en días de descanso obligatorio aumentará al 90 %, y desde el 15 del mismo mes la jornada laboral se reducirá a 42 horas, completando lo establecido en la Ley 2101 de 2021.
El objetivo es mejorar la calidad de vida de los trabajadores, al tiempo que la implementación coincide con un entorno económico complejo: tasas de interés del 11,25 %, inflación anual de 5,56 % y un interés bancario corriente de 17,84 %, lo que encarece el crédito y presiona la liquidez empresarial.
Para Juan Carlos Arbeláez, socio de Impuestos y Servicios Legales de la firma, el principal riesgo radica en el aumento del costo por hora trabajada. La normativa no permite reducir el salario mensual ni el valor de la hora ordinaria, lo que genera un efecto inmediato en la estructura de costos.
“Se paga lo mismo por menos horas”, advierte, lo que obliga a las pymes a reorganizar turnos, optimizar horarios o asumir más pagos por horas extra.
Las cifras dimensionan el impacto. Según ANIF, el costo por hora pasará de $ 7.736 en 2025 a $ 10.422 en 2026, un aumento acumulado de 34,7 %.
Este incremento golpea con mayor fuerza a sectores que dependen de jornadas extendidas o atención continua, como comercio, restaurantes, bares, hoteles, vigilancia y transporte, en los cuales los recargos nocturnos y dominicales son clave para la operación.

El ajuste ya está influyendo en decisiones empresariales. Un sondeo de Fenalco muestra que el 40 % de las empresas ha reducido operaciones nocturnas o en días festivos, mientras que un 27 % planea hacerlo en los próximos meses.

Además, el 51 % de los empresarios reconoce estar poco o nada preparado para asumir los nuevos costos laborales y el 71 % anticipa una reducción del empleo durante el año.
El impacto es aún más relevante si se considera el peso de las mipymes en la economía. De acuerdo con Confecámaras, estas representan cerca del 98 % del tejido empresarial y generan alrededor del 80 % del empleo.
En muchas de ellas, más de la mitad de la nómina está compuesta por trabajadores que devengan salario mínimo, lo que amplifica el efecto de cualquier incremento en el costo por hora.
Actualmente, un trabajador con este ingreso representa un costo cercano a $ 2.864.324 mensuales para la empresa, incluyendo prestaciones y cargas adicionales.
Además, la combinación de menor tiempo laboral y mayores recargos podría generar un “efecto boomerang” en los ingresos de algunos trabajadores.

Aquellos que dependen de horas extra, turnos nocturnos o recargos dominicales podrían ver reducidos sus ingresos variables si las empresas deciden recortar estos horarios para proteger su caja.
Este riesgo se presenta en un mercado laboral que aún muestra fragilidad, con una tasa de desempleo de 9,2 % y una informalidad del 55,3 %.
No todo es negativo: aunque la medida presiona a las pymes, para los trabajadores tiene beneficios claros. Al mantener el salario con menos horas, aumenta el ingreso por hora y puede mejorar el poder adquisitivo, lo que dinamiza el consumo.
Además, más tiempo libre reduce el agotamiento, mejora la salud mental y puede elevar la productividad, logrando un mejor equilibrio entre trabajo y vida personal
El reto no es solo cumplir la norma, sino adaptarse estratégicamente. Expertos recomiendan identificar los picos de demanda, optimizar turnos y evaluar qué franjas horarias generan valor.
