El sector de educación superior privada en Colombia advirtió sobre los posibles efectos del Decreto 0173, que introduce cambios tributarios aplicables a las instituciones de educación superior (IES) privadas.
Según Harold Castilla Devoz, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), la medida podría generar presiones financieras que impactarían la sostenibilidad de estas entidades y, en consecuencia, el acceso a la educación para millones de estudiantes.
El nuevo esquema tributario comenzaría a aplicarse a partir del 1 de abril, lo que ha generado preocupación entre universidades que operan bajo modelos sin ánimo de lucro.
Estas instituciones señalan que cualquier cambio en la carga fiscal podría afectar los recursos destinados a inversión educativa, infraestructura, investigación y programas de bienestar estudiantil.
“El gravamen refleja una profunda incomprensión sobre la naturaleza jurídica, social y constitucional de la educación”, afirmó Castilla
Según explicó, las universidades privadas no distribuyen utilidades, sino que reinvierten sus excedentes en proyectos académicos y expansión institucional.
El directivo también señaló que el sistema de educación superior en Colombia funciona bajo un modelo mixto, en el que las instituciones privadas complementan la cobertura pública, especialmente en regiones donde la oferta estatal es limitada.
Actualmente, más de 1,2 millones de estudiantes están matriculados en instituciones privadas, según estimaciones del sector. Para los rectores y representantes académicos, las finanzas de muchas universidades operan con márgenes ajustados, lo que podría dificultar la absorción de nuevas obligaciones tributarias.
Una de las instituciones que ha expresado preocupación frente a la medida es UNIMINUTO, que cuenta con más de 90.000 estudiantes y presencia educativa en 52 municipios, combinando oferta presencial y virtual.
De acuerdo con la institución, su modelo se enfoca en ampliar el acceso a la educación superior para estudiantes de ingresos bajos y medios en territorios donde existen menos oportunidades educativas.
Devoz también advirtió que existe una confusión entre los conceptos de ingresos y utilidades en el debate público.
Según el académico, los recursos que reciben las universidades se destinan principalmente al funcionamiento académico y al fortalecimiento institucional, por lo que una presión fiscal adicional podría trasladarse indirectamente a los estudiantes o limitar la expansión de la cobertura.
“La paradoja es evidente: en nombre de la equidad se podría terminar reduciendo acceso, limitando inversión en calidad o encareciendo indirectamente la educación para quienes más necesitan oportunidades”, señaló el directivo.
Ante este escenario, el sector educativo ha solicitado al Gobierno la apertura de una mesa de diálogo que permita analizar los impactos de la medida y evaluar posibles ajustes que garanticen la sostenibilidad financiera de las instituciones.
La educación superior cumple un papel clave en la movilidad social y en la formación de capital humano para el desarrollo del país.
Por ello cualquier reforma que afecte su estructura financiera debe evaluarse con base en su impacto sobre estudiantes, familias y territorios donde la educación privada ha ampliado el acceso a la formación profesional.