Luis Mariano Díaz González, hijo del fallecido cantante de música vallenata Diomedes Díaz, aceptó los cargos de secuestro y tortura imputados por la Fiscalía General de la Nación. Tras finalizar las audiencias preliminares en Barranquilla, el ente acusador presentó un preacuerdo que contempla una pena de hasta 70 meses de prisión, el cual deberá ser evaluado por un juez de conocimiento.
De acuerdo con el relato presentado por el fiscal delegado ante los jueces del circuito, Rodrigo Restrepo, los hechos investigados ocurrieron en la madrugada del pasado sábado 23 de agosto de 2025 en el área metropolitana de Barranquilla. La Fiscalía sostiene que un grupo de personas, actuando bajo un plan coordinado, retiró por la fuerza de su residencia a Carlos Alfredo Mejía Vargas.
La víctima se desempeñaba como cobrador de una organización de préstamos informales denominada ‘Soluciones Mano a Mano’. Según la hipótesis planteada por el ente investigador, el motivo del secuestro y las posteriores agresiones físicas estuvo relacionado con la supuesta pérdida de una suma de dinero que oscilaba entre los 15 y los 30 millones de pesos, pertenecientes a dicha estructura de préstamos.
En la lectura de imputación, el fiscal Restrepo detalló que en la acción penal presuntamente participaron de forma directa Alexis Rafael Jiménez Uriña, Nairo Andrés Tirado Osio, Keiner Enrique Rocha Gamero, Steven Rafael Bolaño de la Cruz, José David Martínez Ibáñez y el propio Luis Mariano Díaz González, junto a otras personas que están en proceso de identificación.
Luego de la captura del grupo de sospechosos, la defensa de los procesados entabló mesas de diálogo con la Fiscalía para concretar una terminación anticipada del proceso. Al cierre de las diligencias ante el juez de control de garantías, se confirmó que Luis Mariano Díaz y los demás implicados se acogieron a los cargos formalizados por la justicia.
“El preacuerdo fue construido de manera conjunta con los abogados de Luis Mariano Díaz y de las otras personas capturadas”, señaló el fiscal Rodrigo Restrepo durante la diligencia.
El documento del preacuerdo sugiere una dosificación de la pena que se fijaría en un máximo de 70 meses de prisión, aproximadamente 5 años y 10 meses. Asimismo, como parte de los compromisos y los términos evaluados por el fiscal, se solicitó de manera formal la medida de detención domiciliaria para la totalidad de los capturados.
Tras la aceptación de cargos y la radicación del acta de preacuerdo, las funciones del juez de control de garantías concluyeron en esta etapa del proceso. El expediente será remitido de forma inmediata a los juzgados penales del circuito de Barranquilla.
Será un juez con funciones de conocimiento el encargado de citar a una nueva audiencia pública, en la cual revisará la legalidad del preacuerdo, verificará que no se hayan vulnerado las garantías de las partes y determinará si avala, modifica o rechaza los términos de la condena y el beneficio de la reclusión domiciliaria propuesto por la Fiscalía y las defensas.