La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad una reforma a la ley del sistema eléctrico que permitirá la participación de empresas privadas en la generación y comercialización de energía. La decisión, impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, busca ampliar la oferta eléctrica en un país que enfrenta apagones prolongados y dificultades para garantizar el suministro en distintas regiones.
La modificación introduce nuevas modalidades para que operadores privados produzcan electricidad y la vendan a grandes consumidores, entre ellos industrias, empresas y centros comerciales. También contempla la instalación de plantas de generación por parte de inversionistas y la posibilidad de importar energía desde países vecinos para comercializarla en territorio venezolano, bajo las condiciones previstas en la legislación.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, explicó que uno de los propósitos es aumentar la disponibilidad de electricidad y permitir que el Estado concentre sus esfuerzos en mejorar el servicio residencial, especialmente en las regiones occidentales del país.
“Va a permitir la incorporación de la prestación privada del servicio, es decir, que pueda darse la autogeneración, que un privado genere electricidad y pueda proporcionarla, a cambio de una tarifa establecida, a empresas, industrias y centros comerciales”, afirmó.
La reforma también establece un nuevo esquema tarifario, con precios indexados a monedas de mayor valor y subsidios para los usuarios de menores ingresos. Según Rodríguez, el mecanismo busca que quienes no puedan asumir el costo pleno del servicio reciban apoyo para pagar sus facturas.
“Las tarifas van a estar indexadas a las monedas de mayor valor, pero también con un régimen de subsidio, sobre todo para aquellas personas que, por razones de su nivel de ingreso, no puedan pagar una tarifa plena”, señaló.
El presidente de la Asamblea insistió en que la modificación no supone la privatización del sistema eléctrico, sino una ampliación de las posibilidades de prestación del servicio. “En modo alguno es una privatización, es una ampliación de la prestación del servicio de energía eléctrica”, sostuvo.
La apertura se produce después de años de dificultades en el sector, que se agravaron tras la estatización del servicio eléctrico en 2007. La falta de inversión, los problemas de gestión y las denuncias de corrupción han sido señalados entre los factores que contribuyeron al déficit de generación y a las interrupciones del suministro.
La iniciativa fue sometida a consultas con potenciales prestadores del servicio, trabajadores del sector y usuarios del Sistema Eléctrico Nacional. Con su aprobación, el Gobierno busca incorporar nuevos actores a una infraestructura que requiere inversiones para aumentar su capacidad de generación.
Rodríguez también recordó la compra estatal de la Electricidad de Caracas en 2007, realizada mediante una operación comercial con sus propietarios estadounidenses. El parlamentario, quien participó en aquellas negociaciones cuando era vicepresidente de la República, defendió entonces que no se trató de una nacionalización: “No fue una nacionalización, fue una compra”.
Pese a la incorporación de operadores privados, el Estado venezolano mantendrá la responsabilidad de garantizar el suministro eléctrico a la población, según lo establecido en la reforma y lo explicado por el presidente del Parlamento.