La caída de Nicolás Maduro no ha despejado la incertidumbre de los migrantes venezolanos en Estados Unidos. Por el contrario, según The Economist, el nuevo escenario político abrió un período de limbo para cientos de miles de exiliados que, pese a celebrar el fin del dictador, enfrentan ahora el endurecimiento de la política migratoria estadounidense y la pérdida de protecciones legales clave.
A comienzos de este año, el Departamento de Seguridad Nacional revocó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos, una medida que dejó a esa comunidad sin autorización para vivir y trabajar legalmente en el país. En octubre y noviembre, unas 600.000 personas quedaron expuestas a procesos de deportación.

De acuerdo con el semanario británico, el impacto fue inmediato: pérdida de acceso a servicios de salud, abandono de estudios universitarios y un aumento del temor a ser detenidos, incluso en actividades cotidianas, como llevar a los hijos a la escuela.
El efecto se sintió con fuerza en el sur de Florida, particularmente en Doral, la ciudad con mayor concentración de venezolanos en Estados Unidos. Allí, residen unas 34.000 personas de origen venezolano y ese grupo constituye el mayor bloque electoral local. En las elecciones de 2024, Doral votó de forma abrumadora por Donald Trump, quien combinó durante la campaña un discurso agresivo contra el régimen chavista con una agenda migratoria de línea dura.

Ese contraste se volvió más evidente tras la captura de Maduro en Caracas, realizada por fuerzas estadounidenses el 3 de enero. Aunque la noticia provocó celebraciones espontáneas entre sectores de la diáspora, The Economist señala que el entusiasmo estuvo marcado por el miedo y la cautela.
En diciembre pasado, los restaurantes del centro de Doral registraron menos comensales y más pedidos para llevar, mientras miles de venezolanos habrían optado por abandonar Estados Unidos.

Según la publicación, los migrantes con mayores recursos económicos se trasladaron a España, mientras que los más vulnerables emprendieron rutas hacia países como México y Colombia. Para muchos, la promesa de un eventual retorno a Venezuela aún resulta lejana a pesar de la captura de Maduro y una potencial transición democrática.
En el plano político, The Economist describe cómo, antes de la captura de Maduro, la oposición venezolana buscó influir en el entorno de Trump. María Corina Machado, principal figura opositora, sostuvo reuniones en Washington con asesores cercanos al entonces presidente Trump.

Pero tras la operación en Caracas, Trump anunció que su administración asumiría temporalmente la conducción del país y reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta interina, al tiempo que marginó a Machado, aunque luego anunció que se reunirá con ella la próxima semana. También mencionó la posibilidad de compensar a los exiliados venezolanos con parte de futuras ganancias petroleras, según recoge la revista.
Estas señales generaron alarma entre activistas y defensores de migrantes. Adelys Ferro, citada por The Economist, advirtió que una eventual normalización con sectores remanentes del chavismo podría acelerar las deportaciones, incluso cuando persisten riesgos para quienes regresen a Venezuela. A su juicio, la salida de Maduro no implica necesariamente el desmantelamiento del aparato de poder que persiguió a opositores.

El reportaje subraya además las profundas diferencias dentro de la diáspora venezolana. Un primer grupo, más antiguo y con mayor nivel educativo, se asentó en el sur de Florida, obtuvo ciudadanía estadounidense y se integró a la política local.
Un segundo grupo, más reciente y de clase trabajadora, ingresó por la frontera sur y se dispersó por ciudades como Atlanta, Chicago y Nueva York. Aunque la caída de Maduro generó un momento de unidad simbólica, las consecuencias de las políticas migratorias afectan de forma mucho más severa a los recién llegados.










