El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, y el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, presentaron este miércoles su renuncia al régimen venezolano a través de cartas enviadas a la Asamblea Nacional, noticia que confirmó el presidente de dicha cámara y hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez.
Rodríguez informó en la sesión parlamentaria de que ha recibido “sendas misivas” con la renuncia de ambos funcionarios, quienes fueron ratificados en su día por miembros del régimen en sus cargos en octubre de 2024 hasta 2031.
La Asamblea Nacional designó de manera temporal, hasta que se pone en marcha el nuevo proceso de selección, a Larry Devoe como fiscal general encargado, mientras que el propio Saab ha sido elegido como Defensor del Pueblo en funciones en lugar de Ruiz, que ha alegado motivos personales y de salud en su carta de renuncia.
Devoe es un abogado venezolano especializado en derechos humanos y derecho constitucional, graduado en derecho en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Caracas. Además, completó estudios de posgrado con un máster en democracia, derechos humanos y estado de derecho en la Universidad de Alcalá de Henares en España y ha obtenido diplomados en materia de derechos humanos y ciencias penales y criminalísticas.
Antes de su designación en la Fiscalía General, Devoe se desempeñaba como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, un órgano estatal venezolano, y formaba parte del Programa de Convivencia y Paz impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien propuso su nombramiento durante la sesión transmitida por el canal estatal ANTV, destacó que Devoe cubrirá la vacante “mientras se designa por esta Asamblea el fiscal general definitivo para el periodo que establece la Constitución” tras la salida de Tarek William Saab.
Su nombramiento fue acompañado por la constitución de un comité preliminar de postulaciones que evaluará candidatos para la designación definitiva del fiscal general de acuerdo con lo establecido en la Constitución venezolana.
Pero su nombre no está exento de polémicas, ya que fue incluido en la lista de sancionados por el gobierno de Canadá en 2019 bajo la Ley de Medidas Económicas Especiales, cuando se impusieron restricciones a 43 funcionarios venezolanos por su papel en el deterioro de la situación democrática en Venezuela, la represión, la persecución política y el debilitamiento de instituciones, según el Ministerio de Relaciones Exteriores canadiense.
Las sanciones canadienses, que incluyeron la congelación de activos y prohibiciones de hacer negocios o acceder a servicios financieros en Canadá a las personas en esa lista, fueron impuestas en el contexto de medidas internacionales contra miembros del gobierno venezolano por su responsabilidad en violaciones de derechos humanos y corrupción.