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Claudia López y el POT: una decisión autoritaria y en contravía

Expedir el POT por decreto fue una mala decisión de la alcaldesa de Bogotá. El riesgo jurídico es inmenso. La creciente inseguridad y el caos vial son los principales desafíos para 2022.


La polémica decisión de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de emitir el POT por decreto, en medio de las fiestas de fin de año, es un gesto autoritario de una mandataria que en el pasado criticaba a quienes pensaban hacer justamente lo mismo.

Ella comienza su tercer año con las encuestas en contra, una inseguridad rampante, el pesimismo de los ciudadanos y distanciada de los gremios.

Al POT le lloverán demandas y, seguramente, puede correr la misma suerte del de Petro, declarado nulo por el Consejo de Estado. De hecho, esta semana fue admitida la primera demanda radicada por los candidatos a la Cámara del movimiento Salvación Nacional; y se le podrían sumar otras más luego de que Camacol, ProBogotá y concejales como Lucía Bastidas, Jorge Colmenares, Rolando González y la exconcejal Carolina Arbeláez, además de Miguel Uribe, candidato al Senado, anunciaran posibles acciones.

María Carolina Castillo, presidenta de ProBogotá, explicó que una de las razones por las que el POT de Claudia López podría caerse ante un juzgado es porque no se cumplieron los 90 días necesarios y reglamentarios para que el Concejo se pronunciara, a raíz de las innumerables recusaciones e impedimentos.

“La ley dice que, en el evento de que se haya agotado todo el trámite y el Concejo no se haya pronunciado, se faculta al alcalde para que lo adopte por decreto.Pero en este trámite le fue sustraída de manera arbitraria al Concejo la posibilidad de adoptar el POT, porque el tiempo de trámite se gastó, en una gran proporción, en resolver impedimentos y recusaciones; y ante eso el Código Contencioso Administrativo expresa que, en el evento en que se presente un impedimento o recusación, su trámite se descuenta del plazo para adoptarlo, eso quiere decir que al final los 90 días no se terminaron de surtir”, advirtió Castillo.

El abogado Juan Manuel González, especialista en derecho urbanístico, coincide con Castillo y agrega: “Un POT expedido por decreto de excepción, como es el caso, tiene fuerza de acuerdo, está firmado por la alcaldesa, pero es como si fuese expedido por el Concejo; por esa razón, los actos que expida la alcaldesa de aquí en adelante con relación al POT son decretos reglamentarios ordinarios y deben estar sujetos al POT, y en ningún caso pueden modificarlo, eso por ley no es posible”.

De esa forma, la promesa de la mandataria de hacerle reformas al POT vía decretos ordinarios no sería posible. “La alcaldesa tiene una confusión en los términos jurídicos o está mal asesorada”, subrayó González.

Un POT con riesgos

Alejandro Callejas, gerente de Camacol Bogotá, mencionó algunos riesgos del nuevo POT para el futuro de la capital y la región. “Entendemos la importancia de construir ciudad y las cargas urbanísticas, lo que no aceptamos es la desproporción en el aumento de las cargas. Cuando no hay equilibrio, los proyectos no se hacen o terminan migrando a la sabana de Bogotá, y son los ciudadanos los que terminan pagando los platos rotos”.

El dirigente gremial cuestionó, además, que el POT prohíba la construcción de apartamentos de un solo cuarto y establezca un mínimo de área para vivienda VIS, lo que reduciría la oferta.

En temas de movilidad, se controvierte que el POT descartó la construcción de la ALO norte, una vía trascendental para la competitividad de la capital del país. Para la concejal Lucía Bastidas, “la movilidad queda rezagada, perjudicando a más de 500.000 habitantes de la localidad de Suba con interminables trancones”.

Los comerciantes también están indignados. Fenalco rechaza que el POT exija una licencia de construcción para establecimientos comerciales ya existentes. “Esto es como devolverse a sacar una licencia de funcionamiento, lo cual no tendría ninguna presentación”, dijo el presidente de ese gremio en la ciudad, Juan Esteban Orrego.

Fuera de un posible revés jurídico, la decisión de Claudia López de emitir el POT por decreto podría deteriorar aún más su gobernabilidad. Para este 2022, la Alcaldía presentará nuevos proyectos al Concejo. Entre ellos, la ampliación del cupo de endeudamiento, una segunda fase del rescate social, una reglamentación para los restaurantes a cielo abierto y de la nueva Región Metropolitana.

“La gobernabilidad la tiene perdida por no escuchar al Concejo, a los gremios y a los ciudadanos. Claudia López tiene que cambiar su talante, más en medio de una época electoral”, dijo Bastidas. “Hoy día sigue teniendo mayorías, pero ha perdido mucho apoyo”, agregó.

Precisamente, para buscar recomponer su débil gobernabilidad, por lo menos con el Concejo, la alcaldesa ajustó las fichas de su gabinete esta semana e hizo un enroque. Movió a Luis Ernesto Gómez a la jefatura de gabinete o secretaría privada y nombró a Felipe Jiménez, una persona de su confianza, como nuevo secretario de Gobierno.

“Ella sabe que la otra semana iniciamos sesiones y necesita tener más control; por lo tanto, la llegada de Felipe Jiménez puede ayudar un poco. Además, también ayudaría la salida del secretario de Movilidad, que, más que gestiones, lo que tenía era escándalos y denuncias por parte del Concejo y no hizo nada para mejorar la movilidad”, afirmó el concejal Jorge Colmenares, del Centro Democrático.

Los retos de 2022

Claudia López inicia 2022 con la más grave crisis de seguridad de la historia reciente de Bogotá. La alcaldesa se ha dedicado a chocar permanentemente con la Policía y no ha podido trabajar en equipo. Por si fuera poco, no ha sido capaz de recuperar el orden y el control del Portal de las Américas, una zona que literalmente quedó en manos de los vándalos, que a diario atormentan a los ciudadanos. Bajo ese contexto, ha sorprendido que la mandataria se haya opuesto al plan del Gobierno de militarizar la zona para devolverles la tranquilidad a las personas de esa amplia zona del suroccidente.

Durante 2021, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad, los homicidios crecieron 8,6 por ciento frente a 2020 y 7,1 por ciento frente a 2019. Asimismo, el hurto a personas subió 27,5 por ciento; el de celulares, 14,1 por ciento; y el de motocicletas, 26,8 por ciento. A la vez, la extorsión aumentó 59 por ciento frente a 2019.

Aparte de la inseguridad, moverse en Bogotá se ha vuelto una pesadilla. Aunque a partir de este 11 de enero funcionará una nueva medida de pico y placa durante todo el día, los trancones prometen ser monumentales. Sobre todo cuando el propio director del IDU, Diego Sánchez, ha reconocido que durante los próximos años la velocidad promedio de los corredores viales se verá reducida hasta un 40 por ciento. Las obras son necesarias y los ciudadanos deberán tener paciencia, pero le corresponderá a la Alcaldía gestionar el tráfico y mitigar hasta donde sea posible el caos vial.

Claudia López empieza su tercer año con una valoración negativa de la opinión pública. Solo el 5 por ciento considera que le ha dado un buen manejo a la seguridad, según el más reciente estudio del Centro Nacional de Consultoría para SEMANA. De acuerdo con la misma encuesta, apenas el 24 por ciento cree que las cosas en Bogotá van por buen camino. Eso significa que los habitantes de la capital del país son los más pesimistas en el ámbito nacional. Y, para concluir, la desaprobación a la gestión de la mandataria se ubica en 55 por ciento. Ciudadanos de todas las edades y estratos la rajan.

¿Qué hará la alcaldesa en 2022 para corregir el rumbo? Esa es la gran pregunta.