Un fuerte llamado hizo la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia por la tensa situación que se presenta en la sede de los juzgados administrativos de Bogotá, ubicada en el occidente de la capital de la República.
Esto después de que varios funcionarios y empleados de la Rama manifestaran que desde la mañana de este lunes 16 de febrero una guardia indígena bloqueara las puertas de acceso de la sede judicial ubicada en el llamado Centro Administrativo Nacional (CAN).
En un comunicado, Corjusticia pide una “intervención urgente” a la Presidencia, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Policía Nacional para que atiendan la situación “que pone en riesgo la seguridad y bienestar” de los funcionarios y empleados.
“Solicitamos la actuación urgente e inmediata de la Presidencia de la República, Alcaldía Mayor de Bogotá, Policía Nacional y demás autoridades responsables de controlar este hecho lamentable, que también afecta el servicio público esencial de administración de justicia, así como a la ciudadanía”, señalan.
Teniendo en cuenta el hecho de que la situación se ha extendido por varias horas, la Corporación solicitó al Consejo Superior de la Judicatura y a las autoridades que “procuren la gestión y vigilancia de este asunto”.
Según se pudo establecer, integrantes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), que llegaron en las últimas horas a Bogotá, lideraron manifestaciones y plantones frente a las sedes del Ministerio de Educación y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Gabriel Rondón, viceministro para el Diálogo Social del Ministerio del Interior, hizo un llamado a la Asamblea de los Consejos Comunitarios del Cauca a cumplir los acuerdos pactados y permitir el libre tránsito de los trabajadores retenidos. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/Ypefibosa8
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Esto en el desarrollo del asentamiento previamente anunciado por comunidades afrodescendientes y campesinas articuladas, en el que también permanecen en la Universidad Nacional con el fin de lograr una mesa de negociación con el Gobierno.
“No a las vías de hecho”
Desde el Tribunal Superior de Bogotá también se hizo un llamado frente a estos hechos que pusieron en riesgo la integridad de los funcionarios de la Rama Judicial y usuarios de la administración de justicia.
En medio de las protestas, cinco magistrados del tribunal que laboran en dicha sede fueron víctimas de estas restricciones en su movilidad. “Exigimos el respeto absoluto a su integridad física, a su dignidad y a su investidura como representantes de la Rama Judicial”.
“El bloqueo de sedes judiciales no solo vulnera los derechos de los funcionarios, sino que contribuye a una agresión directa contra el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la administración de justicia. La autonomía judicial es pilar de la democracia que no puede ser objeto de coacciones”, añade la comunicación firmada por la magistrada Diana Marcela Camacho Flórez.
Servidores judiciales denunciaron que la guardia indígena impide la entrada y salida en los juzgados administrativos de Bogotá: “Nos tienen secuestrados”. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/1iolBbxKgb
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Debido a esto, le pidió tanto al Gobierno como a las autoridades “actuar con celeridad para garantizar que los recintos judiciales sean espacios seguros. La Rama Judicial es independiente y sus decisiones se controvierten a través de recursos de ley, nunca mediante el uso de la fuerza o la intimidación”.
Finalmente, le enviaron un mensaje al Consejo Superior de la Judicatura con el fin de que atienda esta contingencia. “Hemos radicado requerimientos ante la Policía Metropolitana de Bogotá, la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía Mayor de Bogotá, insistiendo en que el restablecimiento del orden y la custodia de los bienes de los servidores sea integral y permanente, de modo que se garantice la estabilidad necesaria para el ejercicio de la función judicial del Distrito”.
