A Juliana Guerrero le quedan poco menos de tres semanas para ejercer la cuota de poder que conquistó durante el último tramo del gobierno de Gustavo Petro. La joven activista, que pasó del anonimato a hablarle al oído al presidente, no tiene un cargo formal en la Casa de Nariño, pero conserva una silla estratégica al representar al Gobierno nacional en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC).
Su poder quedó en evidencia cuando el pasado 9 de marzo, junto a figuras cercanas al representante conservador Alfredo Ape Cuello, logró elegir rector de la universidad a Guillermo Echavarría, cuya candidatura se vio plagada de denuncias por presuntas inhabilidades.
Efectivamente, al advertir preliminarmente que Echavarría no cumplía con la experiencia mínima exigida para el cargo, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente la elección, sacándolo de la rectoría.
Meses después de la elección, SEMANA conoció que Juan Camilo López Nacimiento, representante de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario de la UPC, radicó una queja disciplinaria en la que relata no solo persecución a quienes se opusieron a esa elección, sino una actuación en “concierto” de Guerrero y Xavier Estrada, delegado del Ministerio de Educación, para ejercer poder dentro de la institución.
La denuncia, radicada el pasado 7 de julio ante la Procuraduría General de la Nación, pide investigar a Estrada, quien también es jefe de Control Interno Disciplinario de la cartera, y suspenderlo provisionalmente, así como detener los procesos adelantados en contra del denunciante.
Y lo acusa de “torpedear” el funcionamiento de la máxima autoridad de la universidad, junto a Guerrero y el exrector Rober Romero, entre otros.
“Maniobras dilatorias que van desde la ruptura del quorum, la no citación de sesiones dentro de las fechas establecidas y, como el mínimo de sesiones establecidas en la normativa interna, la emisión de órdenes conminatorias exprés por parte del Ministerio de Educación y la reprogramación unilateral de las sesiones”, manifestó el estudiante en la queja.
Luego de aprobarse el calendario electoral en la institución, según la narración, se gestó la elección de Echavarría, con el impulso de la dupla Estrada–Guerrero.
“Deciden, en una sesión de menos de 8 minutos, ignorar todas las advertencias presentadas”, narró el delegado de los estudiantes.
Echavarría, según López Nacimiento, se eligió y posesionó, con ayuda de Guerrero y Estrada, “ignorando la solicitud de abstención de posesión por incumplimiento de los requisitos de ley, las advertencias de riesgo de comisión de faltas disciplinarias, los recursos de reposición presentados por los candidatos, la comunidad en general e incluso congresistas de la República”.
El representante de los estudiantes aseguró que, luego de que el Consejo de Estado decidió suspender a Echavarría, el bloque que lo ayudó a elegir emprendió una persecución contra los consejeros que no lo respaldaron y que expusieron las irregularidades.
“El 2 de junio de 2026 fue remitido un informe por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional buscando la apertura de un proceso sancionatorio en contra de los consejeros que estuvimos en contra de la postura del Ministerio y que denunciamos en múltiples espacios la ilegalidad de la designación promovida por Xavier Estrada y Juliana Guerrero”, se lee en el documento.
SEMANA conoció un correo en el que el delegado del Ministerio de Educación solicitó a la rectoría de la Universidad Popular del Cesar “la información y documentación relativa al marco normativo con el cual resultó elegido miembro del Consejo Superior Universitario el señor Juan Camilo López Nacimiento”.
De esta forma, pidió todo tipo de documentos, tanto de elección, administrativos y el acta de posesión, con el fin de comprobar la validez de su asiento dentro del órgano decisorio. Según la denuncia de López Nacimiento, igualmente ocurrió con el resto de consejeros que se opusieron a la elección de Echavarría.
El punto de quiebre fue la sesión del 16 de diciembre de 2025, cuando cinco consejeros aprobaron el Acuerdo 019 para que el rector, quien tiene voz, pero no voto, no fuera contado al establecer el quorum.
Esa decisión permitió que el bloque opositor sesionara sin depender de Guerrero y Estrada. Ahora, el informe de Inspección y Vigilancia recomienda suspender el acuerdo, remitir el caso al grupo sancionatorio e individualizar a quienes lo convocaron y votaron. Según López Nacimiento, ese trámite podría servir para apartar consejeros, nombrar reemplazos y devolverle el poder a la dupla del Gobierno nacional.
De acuerdo con el denunciante, se hizo “direccionando la respuesta de forma tal que se pueda ambientar la tesis de una supuesta responsabilidad con la cual neutralizar a los consejeros que no respaldaron sus intereses y los de Juliana Guerrero de imponer rector”.
Igualmente, aseguró que se trata de una “conducta institucional expansiva” del Ministerio de Educación en la que pretenden llevar a cabo “una línea de intervención intensiva sobre universidades estratégicas, con capacidad de afectar órganos de gobierno, autoridades universitarias, recursos, planes de mejoramiento, decisiones internas y procesos de elección rectoral”.
“En el caso de la UPC, esta operación reviste especial gravedad porque aparece articulada alrededor de actores concretos: Xavier Estrada y Juliana Guerrero. Su participación en el escenario universitario, sumada al informe técnico del Ministerio y a la posibilidad de activar medidas contra consejeros, permite advertir un riesgo cierto de instrumentalización”, dijo.
De esta forma, ante todo, el representante de los estudiantes pide una acción preventiva con el fin de que sea protegido en caso de que prosperen las acciones que se adelantan en contra de los consejeros.
Guerrero, quien se encuentra en la recta final de su rol como figura cercana al presidente, no pasa desapercibida. La joven activista se dejó ver en Estados Unidos, durante el Mundial de Fútbol, junto a su hermana, así como en varios escenarios sociales, tanto en Valledupar como en Bogotá.
Durante la campaña de Iván Cepeda fue una de las encargadas de mover juventudes en el Cesar. Incluso se le vio dentro de la Universidad Popular del Cesar haciendo campaña, acompañada de Guillermo Echavarría, rector suspendido.
Al terminarse la contienda electoral, abrió sus redes sociales, donde posa en un evento de música vallenata.
Xavier Estrada, a título personal, aseguró que la decisión de nombrar a Echavarría rector fue “de un cuerpo colegiado” y niega una alianza con Guerrero.
“La posición de ella y mía coincidió en votar por Guillermo Echavarría, pero no se le puede llamar a eso un concierto”, manifestó, y agregó que su decisión fue por coincidencias programáticas: “Coincidimos en el proyecto de universidad, en lo que queríamos que llegara a ser la institución”.
Además, dijo que el proceso de sanción de Inspección y Vigilancia contra los cinco consejeros opositores no depende de él y que se debe a que en diciembre de 2025 “se reunieron sin tener quorum, deliberaron, tomaron decisiones y emitieron acuerdos, lo cual es claro prevaricato”.
Y aseguró que, a día de hoy, se encuentra solo en el Consejo Superior Universitario: “Soy uno contra ocho. Solo respondo por mis actuaciones”.
SEMANA intentó contactar a Juliana Guerrero, pero a la hora de cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.