SEMANA conoció en su totalidad el acta del Juzgado 104 Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Medellín (Antioquia) que ordenó enviar a la cárcel a Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, y a Henry Esneider Herón Serna.

En el acta se enfatiza que se legalizó la captura de los dos procesados, se avaló la imputación que hizo la Fiscalía General y se avaló la medida de aseguramiento en centro carcelario.
“Se finaliza la audiencia siendo las 16:45 horas, con el respeto de todas las garantías y derechos fundamentales a las partes intervinientes”, precisa el acta.

Pese a que trascendió que el Juzgado había compulsado copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se investigara al presidente Abelardo De La Espriella, lo cierto es que el documento hace varias aclaraciones.
Fuentes cercanas señalaron que la exhibición pública de los dos ciudadanos no afectó la legalidad de las aprehensiones ni las actuaciones penales que se adelantaron dentro de este expediente.

La compulsa de copias tuvo una finalidad distinta: poner en conocimiento de las autoridades competentes unos hechos para que determinen si existieron actuaciones contrarias a las garantías constitucionales de las personas capturadas, sin atribuir anticipadamente responsabilidad a ningún funcionario.
“Se ordena compulsar copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que dentro de sus ámbitos de competencia constitucional y legal, examinen las presuntas intervenciones del presidente de la República en la exhibición pública de los ciudadanos (…) realizada en la ciudad de Montería”, señala el acta.

“Igualmente, compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación para que ejercite sus atribuciones constitucionales y legales, establezca si es necesaria la identidad y la participación de funcionarios públicos que presuntamente ordenaron la autorización, organización o ejecución de esa exhibición de los capturados ante medios de comunicación en el municipio de Montería”,
En la audiencia, el Juzgado avaló todos los trámites exigidos por la ley y el Código de Procedimiento Penal, acreditando el debido proceso y la presunción de inocencia.
